Ada Colau no es Pilar Manjón. Pero las presidentas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la Asociación 11-M de Afectados del Terrorismo tienen en común, al menos, dos cosas: una, representar a colectivos de víctimas. Y dos, haber realizado intervenciones políticamente incorrectas en el Congreso de los Diputados: "Ustedes, señorías, han hablado esencialmente de ustedes. Ha sido la comisión de ustedes y para ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa que, se supone, es la de todos. Hoy, por primera vez, se hacen un hueco". Estas fueron algunas de las palabras que leyó en diciembre de 2004 ante la comisión de investigación Pilar Manjón, en un discurso que conmovió al conjunto de la sociedad española y sonrojó a los parlamentarios españoles al acusarlos de "hacer política de patio de colegio".

Ocho años después, una nueva voz de la conciencia colectiva ha irrumpido en la Cámara Baja para defender a los desahuciados en la comisión que debatía la pasada semana el decreto del Gobierno. Foro en el que el representante de la Asociación Española de la Banca eximió a las entidades financieras de cualquier responsabilidad en el drama de los desahucios. "Las favorables condiciones de financiación de las hipotecas españolas han sido posibles gracias a que contamos con un proceso de ejecución incomparable y muy eficaz", reconoció Javier Rodríguez Pellitero, pese a lo cual añadió que "el sistema hipotecario ha sido juzgado de forma precipitada y no es la causa de este problema social. La culpa es de la crisis".

Más indignada que sentida, Colau rompió el formalismo que caracteriza las intervenciones parlamentarias para precisar que "esto no es un problema social, sino un estafa hipotecaria" y espetar el polémico calificativo de "criminal" al financiero: "Decir que la ley española es estupenda, cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta ley, es criminal; cuando los representantes de las entidades financieras han causado este problema; la misma gente que ha arruinado la economía entera de este país...".

Presión diputado a diputado

Era la primera vez que la PAH -que lidera un amplio movimiento ciudadano organizado en más de un centenar de plataformas locales- lograba hacerse oír en el Congreso de los Diputados. Y será, previsiblemente, la última, ya que la oportunidad de defender su propuesta de modificación de la actual Ley Hipotecaria no será tomada en consideración. El Partido Popular ha anunciado que hará valer su mayoría absoluta para impedir que el texto ciudadano, avalado por 1,4 millones de españoles, ni siquiera entre en el Parlamento español.

Conscientes de la importancia de conseguir que su iniciativa legislativa popular (ILP) pase este primer filtro, tras lograr que el Grupo Socialista la incluyera en el orden del día del pleno de hoy, los representantes de los afectados por las hipotecas realizaban ayer "toda la presión" que podían "sobre el PP, y cada uno de sus diputados y diputadas, para que en estas 24 horas decisivas reconsideren su posición y admitan a trámite la ILP", según reconocía desde Barcelona Xavier Becerra.

El portavoz de la PAH añadía que "impedir que el texto entre en el Congreso es el mejor ejemplo de que la banca sigue marcando la agenda política de este país". Y ello pese a que el resto de grupos parlamentarios -a excepción de CiU, que se debate entre el sí y la abstención- han dado ya su apoyo expreso a la iniciativa popular.

Los nacionalistas canarios lo hacen desde la convicción de que "hay una cuestión esencial que es la necesidad de escuchar a los afectados", según ha reiterado el diputado Pedro Quevedo, que será el encargado de defender hoy la posición del grupo canario: "Las instituciones no podemos seguir alejadas de la voluntad de los ciudadanos". En Canarias, más de 25.000 personas han apoyado con su firma la propuesta ciudadana de reforma hipotecaria.

La campaña continuará

"Hace cuatro años, cuando iniciamos esta lucha, apenas lográbamos apoyos. Ahora no sólo contamos con casi un millón y medio de firmas -tres veces el mínimo legal exigido para una ILP-, sino que nos sentimos apoyados por un clamor popular que crece de semana en semana", explicaba Becerra. Por ello, y ante la eventualidad de que su iniciativa legislativa no llegue a ser debatida en el Parlamento español, las Plataformas de Afectados de la Hipoteca no van "a renunciar a seguir luchando para lograr que la injusta legislación hipotecaria actual se modifique. Lo haremos buscando otras vías, todas las que estén a nuestro alcance, sumándonos a otras iniciativas de grupos como Izquierda Plural. No sabemos bien cómo. Pero la campaña continuará".

Ada Colau ha ido aún más lejos que su compañero, al apuntar en su polémica intervención parlamentaria que aquellos políticos que no apoyen la iniciativa para reformar la centenaria Ley Hipotecaria serán "señalados para que no puedan ir con impunidad por la calle como si no pasara nada. Lo haremos de forma pacífica, sin recurrir a la violencia, pero tienen que saber que sus decisiones tienen consecuencias".

Las palabras de la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Vivienda provocaron la reacción airada de varios diputados, por considerarlas "una amenaza". "No sé qué más tiene que hacer este país para que se escuche a la ciudadanía", les replicó Colau, mientras el representante de la banca puntualizaba que "para aliviar a un 3,5% de la población" no se puede "perturbar la cultura del cumplimiento de las deudas".

Lejos de los foros de debate, en las calles de cualquier ciudad española, las víctimas a las que Ada Colau ha dado voz siguen portando carteles como el que se lee estos días frente a un centro comercial de la capital grancanaria: Ni bebo ni me drogo. Sólo me quedé sin trabajo.

"El sufrimiento no reconoce fronteras ni ideologías. Desde nuestra legitimidad como afectados seguiremos insistiendo, señorías: no utilicen nunca más, ni aquí ni en ningún otro contexto, el dolor de las víctimas con fines partidistas. No lo utilicen como bandera de su propia causa", dijo en 2004 Pilar Manjón.