La inmobiliaria Reyal Urbis comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo de su consejo de administración para presentar un concurso voluntario de acreedores ante los juzgados. La empresa, que adeuda a distintas entidades financieras 3.613 millones de euros y otros 400 millones a Hacienda, no pudo cerrar con éxito un acuerdo que comenzó a negociar en octubre con sus reclamantes. Reyal Urbis mantiene a la venta cuatro promociones de pisos en Tenerife y oficinas abiertas en las dos capitales canarias.
De su cartera de propiedades en el Archipiélago, la mayor parte se localiza en Tenerife. Allí, la inmobiliaria tiene a la venta una promoción de viviendas en El Sobradillo, en las Medianías, que oferta a precios que oscilan entre los 60.400 y los 116.000 euros. Además, mantiene en el mercado las fases dos y tres del edificio Marazul, en Acorán, desde los 73.300 a los 168.000 euros por piso. En este último inmueble también oferta locales comerciales. Por último, Reyal Urbis es propietario en dicha isla del centro comercial Las Pirámides de Martiánez.
La compañía es propietaria en Las Palmas de Gran Canaria del edificio de oficinas León y Castillo, junto al Parque Santa Catalina, y mantiene en régimen de arrendamiento varios de los inmuebles.
Un último embargo de cinco millones de euros sobre las cuentas para pagar deudas derivadas de pleitos a los proveedores, así como una petición para obtener de los bancos una nueva línea de financiación de 30 millones, provocaron la ruptura de las conversaciones con los acreedores. Reyal Urbis declaró de forma voluntaria el concurso para poder mantener la gestión de la compañía, y que esta no fuera asumida por los administradores judiciales.
La inmobiliaria protagoniza, de este modo, la segunda mayor insolvencia de la historia de España, tras el concurso presentado en 2008 por otra compañía del mismo sector, Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con la banca para pagar 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años.
Según destacó la inmobiliaria en un comunicado, el creciente deterioro del sector y la persistencia de la crisis han hecho más difícil la consecución de un acuerdo con los bancos, pese a contar con "un sólido patrimonio". El endeudamiento financiero neto de la empresa, que presentó preconcurso el pasado 23 de octubre, era a finales del tercer trimestre de 2012 de 3.613 millones de euros. De hecho, las principales entidades acreedoras de la inmobiliaria son la Sareb, con 707 millones de euros -de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG-, Banco Santander, el fondo Appaloosa (comprador de la deuda de Barclays) Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA, a la que se suma una deuda de 350 millones que tiene contraída Inveryal -la sociedad patrimonial del presidente de la inmobiliaria, Rafael Santamaría- con la banca.
Además, la inmobiliaria adeuda 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Reyal Urbis, que cuenta con una plantilla de 470 trabajadores en toda la red, es dueña de una de las mayores carteras de activos inmobiliarios del sector, cuyo valor era de 4.194 millones en junio de 2012, según estimaciones realizadas en dicha fecha por la sociedad de tasadores independientes Jones Lang. Santamaría argumentó ayer la necesidad del concurso voluntario "para garantizar la continuidad de la empresa y preservar los intereses de los clientes, proveedores, acreedores, accionistas y empleados".
