No habrá denuncia del fiscal contra La Caja de Canarias y el resto de entidades financieras que se integraron en Bankia, al menos en los juzgados de la capital grancanaria. La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la investigación abierta tras la documentación presentada por José Ramón Durán Alday. El expresidente de la Comisión de Control de La Caja solicitaba que se abrieran diligencias informativas por seis delitos relacionados con la gestión de la entidad isleña, pero el fiscal Jorge Pobre ha sobreseído el expediente al considerar que la mayor parte de los hechos son constitutivos de infracción administrativa y que la parte susceptible de responsabilidad penal ya está judicializada en la Audiencia Nacional.
Así se lo ha comunicado el representante del Ministerio Público al denunciante, que compareció a mitad de esta semana en la Fiscalía de Las Palmas para interesarse por la evolución del procedimiento. Durán Alday reclamaba una investigación a las personas "que han ocupado cargos en el Consejo de Administración, la Comisión de Control y la dirección ejecutiva" de La Caja entre los años 2008 y 2012, una petición en la que se incluía el propio Alday.
También solicitó, en una ampliación de la denuncia, que las pesquisas se extendieran a todas las cajas que conformaron Bankia, a esta entidad, a su matriz -Banco Financiero y de Ahorros (BFA)- y a las empresas participadas que integraban la cartera del banco que presidía el exministro Rodrigo Rato. Además, el expresidente de la Comisión de Control pidió a la fiscalía que indagara en el papel desarrollado por el Banco de España, los auditores y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Documentación
El fiscal, tras analizar los más de 150 folios de documentación presentada por Durán, rechaza investigar la salida a bolsa de Bankia porque el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ya ha entrado a fondo en unos hechos que sobrepasan la competencia de la Fiscalía Provincial. De hecho, el propio Durán está citado como testigo en esa causa y el último presidente que tuvo La Caja, Juan Manuel Suárez del Toro, ya ha prestado declaración en calidad de imputado por su participación en el proceso de fusión que supuso la creación de Bankia.
Además, la sede en Madrid de la Fiscalía Anticorrupción ya archivó el 23 de julio la denuncia interpuesta por Durán Alday, con el argumento de que la causa estaba judicializada en la Audiencia, aunque la remitió posteriormente a Las Palmas para su valoración.
Y es que el exresponsable del órgano fiscalizador de La Caja apreciaba indicios de fraude y maquinación para alterar el precio de las cosas "que hayan podido producir o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", además de otros posibles delitos como administración desleal o fraudulenta y "falsificar las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de una entidad de forma idónea, con el objeto de causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero", entre otros supuestos hechos delictivos.
El denunciante entregó al fiscal 160 folios de documentación contable, entre los que destacaban principalmente balances, cuentas y comunicaciones con las instituciones en las que se alertaba de la posible existencia de comportamientos irregulares presuntamente tendentes al maquillaje de la situación real que presentaban La Caja y el BFA.
Durante los cuatro años en los que se gestó la creación del BFA pasaron por los órganos de dirección de La Caja de Canarias 38 consejeros. Los hechos denunciados por José Ramón Durán Alday abarcaban todo ese periodo, hasta que finalmente el patrimonio de la institución canaria fue engullido por Bankia tras ser intervenida por el Estado y descubrirse que tenía un agujero superior a 13.000 millones de euros.
