La reforma del sistema eléctrico impulsada por el Gobierno central ha suscitado una nueva brecha en la relación entre Madrid y el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero. El proyecto de ley para garantizar el suministro de electricidad, elevar la competencia y reducir su coste en Canarias entra hoy en las Cortes con el plácet del PP, pero sin haber sido consultado previamente con el Gobierno regional, con el consiguiente malestar en el pacto de socialistas y nacionalistas.

"Si José Manuel Soria [ministro de Industria, Energía y Turismo] estuviese gobernando en Canarias no le gustaría que saliera una ley que afecte al sistema eléctrico de las Islas sin que él conociera antes el anteproyecto de ley. Si él fuera presidente no lo habría permitido, habría montado un escándalo monumental", protestó la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, para quien es "inadmisible" que "una decisión de tal calado no haya pasado" por el Gobierno regional.

El artículo 12 de la Ley 54/1997 del sector eléctrico establece que las actividades para el suministro de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular, que atenderá a las "especificidades" derivadas de su ubicación territorial, eso sí, "previo acuerdo", con las comunidades autónomas. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así.

Es más, el Ejecutivo regional razona que también se violan preceptos del Estatuto de Autonomía, como el punto 26 del artículo 30 que atribuye a esta administración las competencias en las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía.

Frente a estas normativas, el proyecto de ley recoge en su página diez una disposición derogatoria única, en virtud de la cual quedan anuladas "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley". Así pues, de aprobarse finalmente el documento, quedaría revocada la obligación de Madrid de abordar con el Gobierno regional cualquier cambio normativo vinculado con el sistema eléctrico.

No obstante, la consejera Francisca Luengo, eludió manifestarse sobre este asunto al no disponer en sus manos de la propuesta estatal. De ahí que exigió al Ministerio de Industria que la remita a la mayor brevedad a su departamento para estudiarlo "en profundidad". "No entendemos por qué este proyecto de ley está oculto", declaró.

A pesar del enfoque del Estado sobre el monopolio de Endesa en la generación eléctrica en las Islas, Luengo defendió que "la liberalización del mercado en Canarias existe" desde 1998. En cuanto a la posible intervención de esta empresa controlada por la firma italiana En el caso de que corra riesgo el suministro, la consejera prefirió no pronunciarse al desconocer los pormenores de esa amenaza.

Mientras Canarias espera el texto de Industria, ya el pasado 12 de marzo se celebró la primera reunión de la comisión técnica, encabezada por la directora general de Industria y Energía, María Antonia Moreno, e integrada por ingenieros técnicos superiores y letrados, para analizar las consecuencias de la reforma que planea Mariano Rajoy.

Con el Gobierno canario receloso de las pretensiones de Madrid se pone en jaque el aparente buen entendimiento que ha reinado hasta ahora en favor del desarrollo de las energías renovables en las Islas.

Los parques eólicos previstos arrastran una serie de problemas, unos administrativos, salvables aquí, y otros en Madrid, que tiene que fijar una tarifa, dar el visto bueno a las subestaciones necesarias para que los molinos puedan verter en la red la energía que generan, y, además, el Ministerio de Fomento debe resolver el obstáculo que ocasionan las dos balizas de posicionamiento de su propiedad y que dan servicio al aeropuerto de Gran Canaria. Su reubicación permitiría dar carta blanca a la instalación de once de los quince parques eólicos autorizados en la Isla.

Ambos gobiernos compartían la defensa de las energías limpias, que abaratan el coste del sistema eléctrico en Canarias, pero el nuevo órdago lanzado por Soria enturbia los avances en el desbloqueo de las trabas burocráticas.