El Partido Popular presenta hoy ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados un texto único para dar solución al problemas de las hipotecas, lo que significa que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) quedará absorbida y desfigurada por la propuesta legislativa promovida por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. La dación de pago se queda en el camino, como ya había anunciado el Grupo Popular, con mayoría absoluta para bloquear una propuesta que, según las tesis coincidentes del Gobierno y la Banca, "crearía inseguridad en el sistema financiero".

El periodo de enmiendas que se abre ahora viene precedido por semanas de tensión, donde los representantes de las Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han aumentado su presión sobre los diputados, poniendo en marcha una medida que ha provocado en España encendidos debates entre sus defensores y detractores: el escrache.

Exportado de Argentina, donde se utilizó a partir de 1995 para señalar a los genocidas tras el indulto de Carlos Menem, esta acción directa de presión se exportó a otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile o Perú y ha llegado a España en 2013 para que "el político baje a la calle y escuche a los afectados" por un sistema hipotecario "abusivo".

Bajo el lema Hay vidas en juego, la campaña de las PAH incluye el envío de una carta abierta a los diputados, en la que se invitaba a los representantes públicos a participar en las asambleas "para conocer de primera mano la situación que viven cientos de miles de familias en nuestro país y para que acepten las tres demandas de mínimos que contempla la ILP: la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social". Tanto socialistas como nacionalistas y restantes de formaciones parlamentarias, la oposición, han respondido a la invitación -también en Canarias-, pero no así el Partido Popular. Y tal como advertían en la misiva: "Si sus señorías no van a la PAH, la PAH va a casa de sus señorías", contra ellos se inició un procedimiento de señalamiento público.

El PP en peso ha salido al paso calificando la medida de "antidemocrática". La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a afirmar que se trata de "una estrategia política radical como la kale borroka".

"Quieren criminalizar a las víctimas", señala la abogada Isabel Saavedra, representante de la PAH Gran Canaria. Y añade: "Lo hacen porque saben que esta medida les hace daño. Y les hace daño porque son conscientes de que la ley es injusta: lo han dicho numerosos jueces y juristas, el Defensor del Pueblo y hasta el Tribunal Europeo. Y saben que no cuesta nada cambiarla, que es cuestión de voluntad política".

Pero lo cierto es que el peso de esta presión no ha impedido que la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, que logró 1,4 millones de firmas -25.000 en Canarias-, corra la misma suerte que las 66 restantes que se han presentado a lo largo de la joven democracia española. Es decir, no prosperar pese al "esfuerzo enorme" que supuso triplicar las 500.000 firmas que el Congreso requiere para admitirla a trámite. Ya el portavoz del PP en el Con-greso, Alfonso Alonso, señaló que "el acoso a los diputados no sólo es ilegítimo e injusto, sino inútil". Y lo dijo el pasado martes al tiempo que anunciaba que se fun- dían en una las dos iniciativas parlamentarias -la popular y la del Gobierno-.

Representantes

La reforma de legislación hipotecaria que se tramita en el Parlamento español debe afrontar dos problemas distintos: cambiar una ley centenaria, para evitar injusticias y abusos en los futuros créditos hipotecarios; y resolver los problemas heredados por la ley vigente, es decir, evitar los desahucios en curso.

Ninguna de las dos cuestiones se ha afrontado de motu proprio por los políticos que han estado al frente del Gobierno español en los últimos lustros: PSOE y PP. Sólo la movilización ciudadana ha llevado al equipo de Mariano Rajoy a plantear tímidas reformas a partir del último trimestre del pasado año, cuando la sucesión de suicidios convirtió la protesta en un clamor. También la admisión a trámite de la ILP se logró mediante una presión in extremis de las organizaciones de afectados sobre la clase política.

Pero ha sido la sentencia del Tribunal Europeo la que marca un antes y un después en esta larga batalla contra los desahucios. Isabel Saavedra añade "el Tribunal Europeo nos ha dado oxígeno. Ahora los juzgados están respondiendo mucho mejor: hemos logrado parar dos subastas más. Cada vez somos más y vamos a seguir luchando". Y no sólo porque el tribunal de Luxemburgo haya dado la estocada al proceso de ejecución hipotecario español al calificarlo de "injusto y abusivo", sino porque "ha deslegitimado a quienes, estando en su mano modificarlo, no han hecho más que prolongar la situación de sufrimiento que ha provocado a cientos de miles de familias".

Todas las encuestas registran un apoyo social a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca por encima del 80%, mientras los partidos políticos mayoritarios no pasan el 12%. "Los ciudadanos saben que estamos sustituyendo a otro tipo de organizaciones e instituciones que tendrían que jugar el papel del protegerlos, y no lo hacen. Ya no se sienten representados por ellos", precisa la representante de la PAH.

No opinan lo mismo los diputados electos, quienes argumenta, precisamente, que "quienes trabajamos en esta Cámara representamos a la soberanía popular. Por tanto, quienes atentan contra nosotros, atentan contra la democracia", señalan.

Política de Viviendas

Entre las posturas encontradas del Gobierno y las PAH, políticos como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú- dez, defienden el fondo y nos las formas de las organizaciones de afectados: "en un país donde se gobierna a golpe de real decreto, el PP no ha tomado las medidas que debió impulsar hace tiempo con políticas de vivienda capa- ces de ayudar a resolver un problema tan grave como el de los desahucios".

De hecho, el parque social de 6.000 viviendas creado el pasado mes de enero para los desahuciados ha sido calificado de "un parche" para salir al paso de la presión social. Bermudez reconoce que en su municipio la iniciativa no llega a las veinte viviendas, y añade que "hay que ir a la raíz del problema, que es que la actual ley protege a los bancos y desprotege a los vecinos. Y por tanto hay que cambiarla".

El político tinerfeño coincide "al cien por cien" con las PAH en que la dación de pago y el alquiler social son dos medidas imprescindibles, pero se muestra rotundamente contrario a los escraches: "Una cosa es el derecho de manifestación y otra atentar contra la libertad individual de las personas acosándolas en su domicilio". De ahí que no defina como escrache la presión a que la PAH de Tenerife sometió al concejal y diputado estatal del PP Pablo Mato en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la sesión plenaria del pasado lunes.