El presidente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha asegurado hoy que a finales del pasado año la Justicia tenía pendientes 198.076 ejecuciones hipotecarias, aunque ha señalado que no todas ellas son por primera vivienda ni que signifiquen desahucios.
Moliner ha comparecido en la Comisión de Justicia del Senado para presentar las memorias del CGPJ de 2010 y 2011, si bien ha aprovechado para ofrecer datos de 2012, entre ellos los de las ejecuciones hipotecarias.
Ha reconocido que los desahucios constituyen un problema social, político y jurídico grave, y muy importante, y ha considerado necesario buscar soluciones desde la vía judicial y con la colaboración de los servicios sociales para, al menos, minimizarlo en el caso de las personas más desvalidas.
Del total de ejecuciones hipotecarias pendientes, la mayoría, ha dicho, afectan a locales de negocios y a segundas viviendas, según Moliner, quien ha explicado que no existe una estadística real de cuáles afectan a primera vivienda, aunque ha aventurado que podrían ser un 10 por ciento.
Un "drama social" que el CGPJ quiere contribuir a paliar con acuerdos como el que ha firmado esta mañana con la Xunta de Galicia para que los servicios sociales puedan atender a los desahuciados que puedan estar en situación de exclusión social.
De este modo, ha continuado el presidente del CGPJ, el juez que detecte una situación de esas características, avisará a los servicios sociales para que antes del levantamiento se atienda a esas personas. La medida, ha confiado Moliner, puede extenderse al resto de las comunidades autónomas.
