Energía frena la tarifa específica para las renovables en Canarias

Llegan noticias inquietantes desde Madrid para las energías renovables de las Islas. El secretario de Estado de Energía, el hombre fuerte de Mariano Rajoy en el ministerio, Alberto Nadal, está interfiriendo en la velocidad de crucero que habían adquirido las conversaciones con el Gobierno canario para desbloquear la puesta en marcha de los 440 megavatios adjudicados en el concurso eólico de 2007 en Canarias. Los inversores se encuentran con la oposición de Nadal a pagarles los 89 euros por megavatio-hora que habían acordado con el Ejecutivo canario. El presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias, Claudio Palmés, asegura que por cada tres días que no están operativos los aerogeneradores "se deja de ahorrar un millón de euros".

Llega el verano y, por tanto, el final del plazo para eliminar todos los obstáculos que hasta la fecha han impedido la instalación de los parques. La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, así lo anunció a la vista de la fluidez de las conversaciones con el subsecretario de Estado del ministerio, Enrique Hernández Bento. No contaba Luengo con la entrada en escena de Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y hombre de la máxima confianza del presidente Mariano Rajoy.

Según fuentes del sector, Alberto Nadal ya habría comunicado que él conoce inversores en Canarias dispuestos a producir por menos de esos 89 euros. Aunque así fuera, lo cierto es que los megavatios se adjudicaron en concurso, con lo que la existencia de supuestos interesados en vender a un precio menor no supondría la puesta en marcha del conjunto de la potencia -los 440 megavatios.

El precio medio al que se está pagando el megavatio-hora en las Islas es de 210 euros, con lo que la aceptación de la cifra acordada entre inversores y Ejecutivo canario supondría un ahorro para el sistema del 60 %.

En pleno ejercicio de recorte del déficit de tarifa, que según la patronal eléctrica (Unesa) va ya por los 28.000 millones de euros, la puesta en marcha de los sistema adscritos al régimen específico -renovables- en el Archipiélago se revela fundamental. Sin embargo, la amenaza de un nuevo parón se evidencia cierta.

Para el conjunto del Estado, el Gobierno central suspendió el acceso al registro de instalaciones de régimen específico para las nuevas inversiones. Es cierto que en la Península la generación con renovables es más cara que con tecnologías convencionales, sin embargo, en las Islas ocurre lo contrario. Aún así, Alberto Nadal aprieta las tuercas al sector para que rebaje sus pretensiones.

Palmés señala que los 89 euros propuestos son brutos. Es decir a ellos habría que descontar el 7% de impuestos aprobados por el ministerio y el 9% de cesión a las administraciones locales que acordaron al concursar. "El promotor recibe únicamente 74 euros", explica el presidente de la asociación. Además, a la vista de los vaivenes del sector, añade que es necesaria la "seguridad jurídica a lo largo de la vida útil de los parques". La razón es las inversiones son cuantiosas y tienen un periodo de amortización de alrededor de veinte años.

Esa inquietud enlaza con la tramitación del proyecto de ley para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. En concreto con el artículo dos, que establece la obligatoriedad de contar con una resolución favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas como paso previo a saber si las instalaciones tienen derecho al régimen retributivo específico. Es decir, a la mencionada tarifa que se fijará como precio al que pueden vender.

Sin embargo, Red Eléctrica de España (REE) ya ha concedido los puntos de conexión a la red a todos los parques del concurso de 2007 y todos los promotores han avalado pertinentemente sus proyectos ante la mencionada dirección general. "Si no excluyen de ese artículo dos a nuestros parques, estarían pidiendo documentación redundante, generando burocracia y, lo que es más grave, retrasando en un año más los parques del concurso", señala Claudio Palmés. Eso, aparte de vaciar de competencias energéticas al Gobierno de Canarias.