Eufemiano Fuentes ha cerrado el episodio judicial de la operación Puerto, la trama de dopaje por la que el pasado 30 de marzo ha sido condenado a un año de cárcel y cuatro de inhabilitación, pero el médico deberá afrontar otro proceso penal, en este caso por supuesta defraudación tributaria. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de abrir diligencias de investigación para esclarecer si el doctor ha eludido sus obligaciones fiscales con Hacienda al ingresar el dinero procedente de sus tratamientos médicos en una cuenta de Suiza.

El titular del juzgado, Javier García García-Sotoca, en colaboración con la fiscal delegada de Delitos Económicos en la provincia de Las Palmas, Eva Ríos, ya ha citado a Fuentes para tomarle declaración como imputado por un delito de evasión fiscal. El médico se acogió a su derecho constitucional a no declarar y optó por guardar silencio sobre el impago de los tributos, según fuentes judiciales.

El magistrado también le ha tomado declaración en calidad de testigos a los inspectores de Hacienda que destaparon el presunto fraude, los cuales se ratificaron en sus informes al considerar que Fuentes ha podido defraudar más de 120.000 euros, cantidad que marca la frontera entre una infracción administrativa y un delito. De ahí que la Administración Tributaria haya denunciado los hechos en la vía penal.

Dopaje

Los primeros indicios apuntan a que Fuentes ingresaba supuestamente en la empresa Codes Holding Limited el dinero que cobraba a sus clientes por los tratamientos de dopaje y que ese dinero iba a parar a una cuenta en Suiza. El juez ha encargado una pericial contable para determinar la cantidad defraudada.

Pero ese no es el único procedimiento penal abierto en la capital grancanaria por evasión fiscal. El Juzgado de Instrucción número 5 también ha incoado diligencias contra Juan Arencibia Rodríguez, exsocio de Ernst & Young, ahora en Montero Aramburo Abogados. Lo mismo ha hecho el Juzgado de Instrucción número 8 respecto a Santiago Quevedo Carlos Valido, que es apoderado de Megastor Computer Canarias, además de representante social de la inmobiliaria California Beach y de la empresa alimenticia Batru.

Y es que Fuentes, Arencibia y Quevedo figuran en la primera lista Falciani, que contiene los nombres de 1.500 presuntos evasores fiscales con fondos en Suiza. Ese listado de empresarios, banqueros y abogados españoles, que fue publicado por El País el mes pasado, está elaborado a partir de los datos suministrados por Hervé Falciani, un empleado de la sede en Ginebra del banco HSBC que colabora en la actualidad con Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción para delatar a supuestos evasores.

Falciani llegó a España en 2010. La información aportada por el exempleado del cuarto banco del mundo por valor en bolsa no sólo ha servido para investigar a esos tres imputados vinculados a Canarias, sino que ha permitido a la Administración Tributaria recuperar 260 millones de euros e identificar a 659 supuestos evasores fiscales.

Esa primera lista Falciani, que por el momento se ha librado de la extradición a Suiza gracias a su colaboración con la justicia española, señala a varios miembros de la familia Botín y a otros grandes empresarios como Fernando María Masaveu Herrero, vinculado a la cementera situada en el sur de Gran Canaria, entre otros negocios. En ambos casos los procedimientos se archivaron tras el pago de la deuda contraída con Hacienda, aunque la Audiencia Nacional llegó a investigar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a sus seis hijos y a otros cinco parientes. La denuncia fue sobreseída después de que los Botín pagasen 200 millones de euros, el 77 % del dinero recaudado con la información aportada por Hervé Falciani.

Se trata de un ingeniero de sistemas franco italiano que trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC hasta que en 2008 decidió robar los datos de más de 130.000 presuntos evasores fiscales de distintos países. Luego empezó a colaborar con diferentes gobiernos, como el de Estados Unidos y Francia, a los que reveló datos y pruebas que pronto llegaron a España.

El Gobierno de Zapatero recibió en 2010 la primera remesa de la información relacionada con empresas españolas, la cual está encriptada en ficheros para que sólo puedan ser consultados con la ayuda del informático.

De ahí nace la primera lista Falciani: una relación que alcanza los 1.500 nombres entre los que figuran Eufemiano Fuentes, Juan Arencibia y Santiago Quevedo. Los tres han rechazado dar a este periódico su versión de los hechos que se les imputan.