Gestión Recaudatoria de Canarias SA (Grecasa) ha cobrado de más por su gestión a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, según el informe de la Audiencia de Cuentas, en el que se señala que, además, es posible que se haya incurrido en responsabilidades contables.

Durante la comparecencia en comisión parlamentaria para presentar el informe de fiscalización de la citada sociedad mercantil pública, el presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, explicó que el precio del servicio estaba tres puntos por encima del que cobran la Agencia Tributaria y el Consorcio de Tributos de Tenerife.

La Audiencia de Cuentas señala entre sus recomendaciones la conveniencia de que Grecasa ajuste las tarifas de facturación porque el fin último de la empresa no es obtener beneficio económico, sino prestar un servicio encomendado por la administración.

La empresa reintegró las cantidades abonadas de forma indebida por la encomienda de gestión de 2010, pero la Audiencia de Cuentas recomienda que la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad verifique si para las facturas emitidas con posterioridad se ha hecho como corresponde.

En cuanto a que se podría haber incurrido en responsabilidades contables, Rafael Díaz explicó que la reducción salarial del 5 por ciento en 2010 se aplicó sólo sobre el salario base y desde junio hasta diciembre, no durante todo el año.

Y la retribución total del gerente superó en diciembre del 2010 el límite fijado, añadió el presidente de la Audiencia de Cuentas.

La Audiencia de Cuentas también sugiere a Grecasa que los criterios para las deudas no cobradas deben ser el mismo en las dos oficinas provinciales.

También propone al Gobierno de Canarias que, como único accionista, inste a Grecasa para que elabore un presupuesto más realista y revise los importes que factura a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad para que no superen los presupuestos de cada ejercicio.

El diputado del grupo Socialista Manuel Marcos opinó que no parece lógico que las posibles irregularidades mencionadas se produzcan en una empresa pública, en especial la relacionada con las tarifas.