El proyecto de reforma del sector eléctrico canario continúa hoy su trámite en el Congreso con la presentación de las enmiendas parciales de los distintos grupos parlamentarios y sobre todo del PP, en las que deben reflejarse ya claramente los acuerdos alcanzados por el ministerio de Industria, Energía y Turismo con el Gobierno de Canarias. Estos acuerdos, avanzados en las últimas semanas por la consejera responsable de las negociaciones, Paquita Luengo, y en último término en el debate de totalidad del jueves pasado por el ministro, José Manuel Soria, suponen de facto una rectificación en toda regla sobre los puntos más controvertidos del proyecto: los relacionados con las competencias de la Comunidad Autónoma y los que ponían en riesgo el abastecimiento futuro o perjudicaban de forma expresa a Endesa, la actual operadora en la generación eléctrica en las Islas y a la que prácticamente se prohibía acometer nuevos proyectos.

Pero por detrás de los cambios y del contenido mismo de la reforma fluye un debate político que afecta a los socios del Gobierno de Canarias, PSOE y CC, y que deja muchas dudas sobre la salud del pacto, el control de estos partidos sobre sus diputados en Madrid, y su capacidad para fijar una estrategia frente al Ejecutivo central. Las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por el PSOE y por CC-NC pese a esos acuerdos entre el equipo de Soria en el ministerio y Luengo hacen pensar que en el debate hay muchos más elementos en juego que la propia ley, pese a la importancia de la misma según consenso de todos los intervinientes.

Este desajuste entre el Ejecutivo de Paulino Rivero y los que deberían ser sus portavoces naturales en Madrid, los diputados y senadores de PSOE y CC, ha limitado bastante los daños en el ministerio, así como el sonrojo del propio Soria por las modificaciones anunciadas. De esta forma, la tramitación está siendo una enmienda a la totalidad de cada uno de los actores contra sí mismos: el ministerio rectifica en aspectos fundamentales de la ley, pero PSOE y CC mantienen su rechazo al proyecto pese a que las modificaciones introducidas las ha forzado la consejera del gobierno del que forman parte en Canarias ambos partidos.

Para el diputado defensor de la enmienda socialista, José Segura, ni los acuerdos, ni las modificaciones del ministerio justifican que la reforma no se retire. Segura cree que los cambios acordados con Luengo sólo arreglan los atropellos producidos en un principio por el texto gubernativo, pero no mejora conceptualmente el proyecto. Cabe preguntarse, sin embargo, si Segura no estará también jugando en clave interna socialista para aislar a Luengo y desmarcarse de la consejera, del propio gobierno regional, y de la dirección del PSC frente a sus compañeros tinerfeños.

Por la parte nacionalista, el problema viene de origen dado que el rechazo frontal a la ley de Soria era inicialmente del socio de CC en el Congreso, su aliado electoral Nueva Canarias. El diputado Pedro Quevedo dejó claro desde el principio que actuaría con independencia de lo que hiciera su compañera de escaño Ana Oramas. La tinerfeña, que tenía dudas, presiones del Gobierno canario y optó por mantener la unidad de acción con NC.