Un juzgado de primera instancia de Las Palmas ha condenado a Bankia a devolver a un ciudadano de Gran Canaria los 20.000 euros que tenía ahorrados y que, por indicación de la entidad, colocó en preferentes. El magistrado Tomás González considera probado que el banco del que formó parte La Caja de Canarias no aportó a José Sánchez, de 65 años, la suficiente información como para que este comprendiera el riesgo que corría adquiriendo productos híbridos.

"Cuando nos enteramos del engaño, nos indignamos y, aunque haya sentencia, todavía me dura", explicó ayer el demandante, José Sánchez, de 65 años. Él y su mujer contrataron en 2009 depósitos a plazo fijo en La Caja de Canarias. Días después recibieron la llamada del director de la sucursal de La Minilla informándoles de la existencia de un producto "igualmente garantizado, pero de altísima rentabilidad y (...) solo para clientes preferentes", según consta en la demanda que presentaron.

En el fallo, que consta de trece folios y tiene fecha del pasado lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Las Palmas de Gran Canaria considera que los términos en que están redactados los contratos de preferentes son "insuficientes (...) para obtener un conocimiento cabal de lo que verdaderamente" se adquiere.

El abogado Pedro Parrilla (R&P Abogados) basó la demanda precisamente en que existió "vicio de error en el consentimiento", es decir, que su cliente no tuvo la información suficiente en el momento de tomar las preferentes.

Sánchez cargó ayer las tintas contra "la alta dirección, tanto de La Caja de Canarias como de Bankia. Han jugado con nosotros y nos han engañado totalmente haciéndonos creer que eran unos depósitos sin riesgo", explicó ayer con el fallo judicial en la mano. Incluso, afirmó que su relación con el personal de la oficina en que se produjeron los hechos es "buena".

"Entiendo que a ellos la empresa les había vendido esto como un producto bueno y recomendable, y eso es lo que nos trasladaron a los clientes", señaló el demandante. En el juicio, celebrado el 28 de mayo, resultó determinante la declaración del director de la oficina de La Caja que trató la venta de las preferentes con el afectado. Según recoge la sentencia, dicho empleado admitió que se limitó a dar el calificativo de "complejo" al producto y a señalar "su alta rentabilidad y los mínimos riesgos de la operación. Esto es, únicamente puso de manifiesto las bondades del producto y no los riesgos de la operación".

Tomás González, que también impone el pago de las costas procesales al banco, considera en su fallo que en el resumen de la emisión de preferentes lanzada por La Caja en 2009 solo "se indica lo que no es (un depósito bancario), sin ninguna referencia a lo que es" el producto.

Contra la decisión cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, si bien un nuevo fallo en contra de Bankia crearía ya jurisprudencia menor. Para Sánchez, sería una "gran desfachatez" que la entidad recurriera, ya que "lo haría con dinero público", expuso en referencia a la inyección de capital procedente de Bruselas que ha recibido el banco.

Animó además a denunciar, "porque cuando uno se siente engañado hay que actuar. Hay que pedir justicia y no sentirse avergonzado por haber sido engañado y estafado". Además de los 20.000 euros, el demandante recibirá los intereses devengados por esa cantidad desde el momento en que se produjo la adquisición de las participaciones preferentes. Claro que también habrá de devolver los cupones que Bankia le ha pagado estos años por los réditos generados por esos productos. En un cálculo rápido de su abogado, Sánchez recibirá 1.000 o 2.000 euros más.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó, a petición de la Fiscalía, citar como imputados a otros cuatro directivos y exdirectivos en el marco del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa del grupo y la reformulación de sus cuentas.

Según informa Efe, se trata del secretario del consejo de administración de Bankia y su matriz BFA, Miguel Crespo; el director general de BFA, Manuel Lagares; el exdirector general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Ángel Soria, y el exdirector general financiero y de riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, imputado también en el caso Blesa.

Además, Bankia dio a conocer ayer que la Junta Nacional Arbitral de Consumo ha dictado los 21 primeros laudos por las preferentes y subordinadas vendidas por la entidad. Todos ellos permiten a los afectados, ninguno canario, recuperar la inversión. Hasta el miércoles, Bankia había recibido 104.567 solicitudes de arbitraje dentro el proceso que se inició el 18 de abril y está abierto hasta el 30 de junio. Más de 3.500 de los escritos están remitidos desde el Archipiélago.

De esa cantidad total, 59.630 están siendo ya analizadas por KPMG, consultora a la que se ha encargado la elaboración de los informes en los que se valora si, en función de los criterios fijados por la Comisión de Seguimiento creada para supervisar el proceso de arbitraje, las solicitudes presentadas reúnen los requisitos para participar en este proceso. Hay otras 3.117 solicitudes pendientes de que el cliente firme el convenio arbitral.