Los abogados descartan que la vía del arbitraje sea la más adecuada para resolver los casos de los afectados por las preferentes ya que esa opción solo es efectiva para aquellos situaciones consideradas "sangrantes". Así lo expresaron ayer los letrados de R&P Abogados que participaron en el coloquio organizado por el Club LA PROVINCIA sobre el problema de los productos financieros híbridos . "Las soluciones hay que buscarlas de forma individual y el arbitraje solo funciona cuando los afectados son personas muy mayores o con alguna discapacidad, con un nivel económico que casi roce la indigencia y que hayan invertido menos de 10.000 euros", apuntó Eugenio Rodríguez.

En Canarias un total de 2.269 clientes de Bankia ya han solicitado el arbitraje para resolver las diferencias que mantienen con la entidad en su condición de tenedores de participaciones preferentes o de deuda subordinada. Cuatro de cada cinco de estos clientes isleños (1.796) residen en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife hay 473 personas.

"Lo que va a hacer el arbitraje es repartir una cantidad de dinero que aún está por determinar entre el mayor número de personas posibles para hacer un lavado de imagen de la entidad nacionalizada", apuntó Rodríguez quien además añadió que con 300 millones los bancos podrán indemnizar a 30.000 personas "pero las preferentes emitidas alcanzan un valor de 6.000 millones".

Casi un centenar de personas acudieron a la cita del Club LA PROVINCIA, donde los letrados recomendaron que la vía civil "es la más adecuada" para afrontar estos casos. "El juez tiene en cuenta la formación académica del afectado, el grado de confianza del cliente con la entidad bancaria, el perfil inversor previo del afectado y de quién fue la iniciativa de optar por las preferentes, que en la mayoría de los casos recae en el banco", señaló el abogado Pablo Pérez.