El Eurogrupo considera que España no necesita más dinero del rescate bancario más allá de los 40.000 millones de euros ya desembolsados porque el programa marcha "bien" y comenzará a discutir en su reunión de este lunes sobre las opciones de salida cuando concluya a finales de año.
"España está avanzando hacia la fase final del programa para el sector financiero y la próxima revisión (prevista para septiembre) se centrará ya en qué ocurre al final del programa, qué tipo de procedimiento hay que tener preparado", ha explicado un alto funcionario europeo.
"El programa ha ido bien. No hay intención de recurrir a más dinero, el FROB y la Sareb (el banco malo) están funcionando bien", ha resaltado la fuente, que no ha querido precisar las opciones sobre la mesa. Durante las últimas semanas se ha especulado sobre la posibilidad de prorrogar el rescate para que los 60.000 euros sobrantes sigan disponibles en caso de que aparezcan necesidades de capital adicionales.
Sin embargo, el Gobierno español rechaza de plano hablar de una prórroga o de cualquier otro tipo de opciones de salida con una vigilancia reforzada. "El programa se acaba y se acaba", han zanjado fuentes del ministerio de Economía. "Ha funcionado muy bien" y "ha cumplido los objetivos que se habían marcado".
Los ministros de Economía de la eurozona discutirán el informe final elaborado por la troika -formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- tras su tercera visita a Madrid a finales de mayo. El informe, cuyo contenido íntegro se publicará la semana que viene, pedía al Gobierno mantener la vigilancia por considerar que persisten los riesgos para la banca debido a la mala situación económica y los ajustes en el sector inmobiliario.
El informe reiterará la preocupación expresada por la Comisión Europea por el posible impacto negativo del decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, para el cumplimiento de los objetivos del rescate.
El Ejecutivo comunitario envió la semana pasada una carta a España en la que detalla sus preocupaciones y tras recibirla, el Consejo de Ministros decidió el pasado 28 de junio recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.
En particular, la Comisión está preocupada "por las disposiciones sobre sanciones y expropiaciones temporales" del decreto andaluz, "así como por la falta de claridad en la división de responsabilidades en esta cuestión entre las diferentes administraciones en España.
