Un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el saldo no deja espacio a las dudas. Su proclamada utilidad para la creación de empleo no se ha cumplido. Desde el primer día de julio de 2012, fecha de entrada en vigor de la norma, la afiliación a la Seguridad Social en las Islas se ha reducido en 13.206 trabajadores, según datos del propio Ministerio de Empleo.

Este termómetro mensual que mide la destrucción de empleo, señala que las 655.748 personas en situación de alta registradas hace un año han encogido hasta las 642.542, lo que en términos relativos supone una contracción del 2,01%. No por inesperada, la cifra es menos dramática, teniendo en cuenta que el arranque de la nueva norma se produjo cuando ya la crisis había estado destruyendo puestos de trabajo durante más de cuatro años.

Desde su entrada en vigor, ni sindicatos ni patronales apostaron por que la decisión del Gobierno central fuera a traducirse en una mejoría de las cifras de empleo. Los primeros, por las facilidades que a su juicio otorga para el despido. Los segundos, porque por más que se flexibilicen las relaciones laborales, la actual escasez de la demanda resta cualquier viso de sentido a nuevas contrataciones.

Sin embargo, las cifras de parados registrados en las oficinas de empleo del Archipiélago solo ha crecido en 2.390 ciudadanos. El dato aparentemente contradictorio tiene su explicación en las jubilaciones y prejubilaciones no sustituidas por nuevos recursos humanos y en el desestimiento de permanecer apuntados al paro de una parte de aquellos que ya han agotado todo tipo de prestación sin que su situación de desempleo haya variado.

Ese incremento de personas desempleadas registrado en el último año tiene a las mujeres en el lado más débil de la balanza. Mientras que entre el género masculino el número de desempleados registrados se ha limitado a 316 efectivos, el paro femenino se ha disparado en 2.074 desempleadas más.

Por sectores, la evolución ha sido dispar, si bien no todas las reducciones en los distintos nichos de actividad responden a mejoras objetivas. Por ejemplo, en la construcción hay 4.391 parados menos, pero una parte importante de esa reducción responden al trasvase a otros sectores ante la seguridad de que es altamente improbable encontrar un puesto de trabajo en una de las ramas de actividad más seriamente golpeadas por la crisis.

El sector servicios sufre una evolución justo en sentido contrario. Descansando la economía canaria eminentemente en este sector -solo el turismo representa más del 30% del PIB isleño- ejerce una gran atracción sobre personas que buscan empleo. Impera la lógica de que donde más puestos de trabajo hay, más oportunidades pueden surgir. Dicha circunstancia ha llevado al desempleo en el sector a crecer en 5.947 personas.

La mala marcha de los datos del paro y su especial incidencia en las regiones ultraperiféricas (RUP) llevó ayer a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, a pedir a la Unión Europea un trato especial para estos territorios europeos alejados del continente.

En unas jornadas organizadas por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en la capital grancanaria, a las que asistieron representantes de las RUP, Luengo aseguró que la crisis ha arrollado "a todos aparentemente por igual". Sin embargo, la consejera incidió en que las cifras de los mercados laborales de estas RUP "muestran una progresión de la tasa de desempleo entre 2006 y 2010 más fuerte" que en el resto de Europa.

"Somos ultraperiféricas por algo: estamos lejos y nuestros mercados interiores son peculiares. Por tanto, utilizando un símil sanitario, el tratamiento para nosotras cuando estamos enfermas no puede ser el mismo", concluyó la consejera.