La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha logrado aflorar más de 6.000 empleos irregulares en el último año y medio en Canarias. Sólo en 2012 se detectaron 3.841 casos de trabajos en la economía sumergida tras la realización de 23.243 inspecciones, mientras que en el primer semestre de este año ya se han descubierto 2.185 empleos fuera de control. Según los datos que maneja el Gobierno canario, en el Archipiélago la economía sumergida mueve unos 122.000 puestos de trabajo.
Las inspecciones laborales van por diferentes vías y en los dos últimos años se ha intensificado la colaboración entre la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo regional y la Seguridad Social, organismo que tiene la competencia en la inspección de empresas y trabajadores que no cumplen con las cotizaciones, cuentan con personal sin contrato o reciben ingresos en negro mientras perciben prestaciones públicas.
El mayor número de inspecciones e infracciones fueron en el ámbito empresarial y en la afiliación y alta de trabajadores. Se realizaron cerca de 20.000 controles que dieron lugar a 1.643 infracciones en 2012, por un importe de 3,9 millones de euros. El total de actas de liquidación o recaudación inducidas se elevó a 8,5 millones de euros.
También se incrementó la realización de actuaciones efectuadas en el control de extranjeros sin permiso de trabajo. De las 1.272 inspecciones que se llevaron a cabo el año pasado se detectaron 150 infracciones, lo que dio como resultado un volumen de sanciones de 1,3 millones de euros, un 10% más respecto al año 2011, según los datos de la Seguridad Social.
Pero también la labor de los inspectores de Trabajo se centró en trabajadores que perciben la prestación por desempleo y trabajan irregularmente o en empresarios por tener a personal realizando servicios sin contrato y mientras cobra un subsidio. El número de trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo detectados en 2012 fue de 401, con una recuperación en subsidios devueltos, revocados o revisados por un importe de 2,4 millones de euros.
Debido a las inspecciones realizadas por la Seguridad Social en Canarias el pasado año se cerraron expedientes liquidatorios por un montante global de 51,6 millones de euros. Esta cantidad es fruto de la suma de las cuantías no declaradas a la Seguridad Social o la detección de deudas preexistentes que se han podido ingresar tras culminar el expediente abierto por los inspectores de Trabajo.
Además de continuar en la misma línea de aflorar los empleos sumergidos, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social se ha marcado como objetivo primordial durante este año actuar en el ámbito de las empresas ficticias y empresas sin actividad real que se constituyen con el único objeto de facilitar el acceso ilegal a las ayudas públicas.
Una de las cuestiones más relevantes de las últimas modificaciones legales realizadas en la legislación laboral es que el incumplimiento de las normas de seguridad social no sólo supone sanciones económicas importantes, sino que también puede aparejar condenas penales en los casos más graves como consecuencia de la reforma del Código Penal, en lo referido a los delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
Denuncias ciudadanas
Con una tasa de paro inferior al 10 % la economía sumergida existente es estructural. Con una tasa de paro superior al 30 %, como hay en Canarias, es una necesidad. Ante este escenario, tanto las patronales canarias como los sindicatos mayoritarios cuentan con medios para que los empresarios, trabajadores y ciudadanos en general denuncien casos de economía sumergida, que después los agentes económicos se encargan de encauzar hacia la Administración para que sean investigados si se demuestra que hay empleo irregular o fraude fiscal. Hay páginas web y enlaces para ello, además de la denuncia personal de los casos.
Volumen
La medición exacta de la economía sumergida, la que permanece oculta al pago de impuestos y la inspección de trabajo, es una labor compleja. Aun así, Canarias, según datos estimados por la Agencia Tributaria, tiene un porcentaje de economía sumergida que asciende al 28,7 % del PIB, frente al 23,3 % de la media española. Dicha cifra está correlacionada directamente con la tasa de paro, de tal forma que, cuando ésta se incrementa, la economía sumergida estimada lo hace en la misma dirección. Obviamente, dependerá del sector económico y del territorio que lo acoge.
Presión fiscal
Los técnicos de Gestha aseguran que los contribuyentes que cumplen con Hacienda pagan 830 euros más de lo que les corresponde para compensar la evasión fiscal de otros. Si se redujera a la mitad la economía sumergida, lo que supondría bajar en unos 10 puntos este tipo de fraude, se recaudarían unos 38.500 millones, casi el doble de lo que recauda el Impuesto de Sociedades en España. Estos datos dan idea del volumen de ingresos que dejan de recibir las arcas públicas.
Plan integral
El Gobierno de Canarias aprobó a finales de junio un plan de lucha contra la economía sumergida en el que participan todos los departamentos implicados como Hacienda y Empleo. Incluye cuatro líneas de actuación: potenciar la conciencia social sobre estas conductas, estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones, prevenir las situaciones irregulares y perseguir el fraude tanto laboral como fiscal. En este sentido, se intensificará la colaboración con la Agencia Tributaria estatal, la Seguridad Social, los cabildos y los ayuntamientos.
Regularización
La directora general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Gloria Gutiérrez, asegura que "es necesario regularizar la economía sumergida por sus efectos nocivos no sólo para las empresas regularmente establecidas, a las que se somete a competencia desleal, sino también a la sociedad en general". Gutiérrez añade que también es intención de la Consejería y de la Dirección General de Trabajo reconocer a quienes cumplen con la ley y atender a aquellos que por darse estas situaciones quedan en desamparo ante las consecuencias nocivas de la economía sumergida.
