La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, pidió ayer en el Parlamento de Canarias al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la publicación, "sin más retrasos", de la tarifa a la que se retribuirán "las energías eólica y fotovoltaica en Canarias".

Luengo desligó el retraso del ministerio en enviar la correspondiente orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las sentencias emitidas en el final del pasado año por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En ellas, el máximo órgano judicial de las Islas obligaba a la consejería a evaluar de nuevo algunos de los proyectos que no obtuvieron ninguno de los 440 megavatios de potencia eólica adjudicados en 2008.

"Esta sentencia no puede ser la excusa para retrasar más tiempo las renovables en Canarias, lo que tiene que hacer el ministro es publicar la orden de una vez, ya que este retraso no tiene ni sentido ni justificación", señaló Francisca Luengo durante su comparecencia. "De hecho, al ministro le debe dar igual quién resulta adjudicatario, lo que le debe interesar es que en las Islas se desarrollen la energía eólica y la fotovoltaica".

Sobre las decisiones del TSJC, las cinco emitidas hasta la fecha referidas a Lanzarote, la consejera aseguró que volver a evaluar los proyectos "se hará en solo ocho días" y la tarea se acometerá en cuanto la sala de lo contencioso administrativo emita la única sentencia aún no resuelta sobre esa isla.

En cualquier caso, insistió en que "la reevaluación de los proyectos y el resultado que esta arroje nada tiene que ver con el retraso" que sufre "la tarifa a las renovables. Algo por cierto, incomprensible a estas alturas cuando el acuerdo con la tarifa está cerrado", afirmó.

Las sentencias del TSJC contra el proceder del Gobierno tienen como base el descarte de los proyectos que no utilizaron la fórmula matemática creada ex profeso por el ITC para el concurso. El ponente de las sentencias, Francisco Javier Varona, estimó que ese no era motivo para establecer un corte e, incluso, señaló que no anulaba el concurso en su totalidad porque nadie se lo había solicitado.

"En ningún caso se ha anulado el concurso", reiteró ayer Luengo. El matiz tiene importancia porque es precisamente la potencia derivada de dicha convocatoria la afectada por la retribución de 84 euros por megavatio hora acordada por la propia consejera con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.