El presidente del Comité de Expertos designado por el Gobierno, Manuel Lagares, entregó este jueves al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el informe de los expertos sobre la reforma fiscal, de 444 páginas, tras explicar que se han tocado y analizado todos los impuestos, incluso las cotizaciones sociales. "No ha quedado títere con cabeza", dijo.
La propuesta, tal y como destacó el catedrático, cumple con todos los requisitos que se plantearon, puesto que pretende un sistema fiscal más simple y eficiente que contribuye a la reducción del déficit al tiempo que ayuda a generar crecimiento y a proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Una vez presentado el informe de los expertos, el Ejecutivo empleará los meses de marzo y abril para elaborar su propia reforma, con la idea de enviarla al Parlamento en el mes de junio, tras recibir los informes consultivos de los distintos órganos públicos, y tramitarla durante el segundo semestre del año para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015.
El Gobierno ya ha adelantado que su intención con esta reforma global, que afectará a todas las figuras impositivas, es apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo, favorecer el ahorro y la internacionalización empresarial, e introducir ventajas fiscales para familias y dependientes.
Primeros 12.000 euros exentos
Durante el Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el mínimo exento en el IRPF se elevará a 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a 1,5 millones de contribuyentes, principalmente a 'mileuristas', y la rebaja del impuesto desde el 1 de enero de 2015 afectará a un total de 12 millones de contribuyentes, por lo que aproximadamente 7 millones tendrán que esperar a años sucesivos para reducir su carga fiscal.
También en materia del IRPF, fuentes del Ministerio de Hacienda admitieron a Europa Press que el Gobierno es "sensible" a ciertas demandas, que muy probablemente los expertos incluyen en su propuesta, como limitar el régimen de módulos a aquellos autónomos que sólo facturen a los consumidores para evitar las facturas falsas, o establecer nuevas deducciones por servicios domésticos de las familias, como los gastos educativos, sanitarios, reparaciones del hogar o contratación de empleadas domésticas.
El Ejecutivo también apuesta, y así podría haber quedado reflejado en la propuesta de los expertos, por simplificar tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades. Su modelo pasa por eliminar gran parte de las deducciones actuales en ambos tributos y por rebajar los tipos impositivos y el número de tramos en el IRPF.
Para el IVA no prevé un aumento del tipo general (ahora, en el 21%) pero sí que bienes y servicios que tributan con el reducido pasen al general.
Lo que no parece dispuesto a hacer, a pesar de que es previsible que el comité de expertos lo haya recomendado, es a eliminar con carácter retroactivo la deducción en el impuesto de la renta por adquisición de vivienda, suprimida para las adquisiciones desde el 1 de enero de 2013.
Autofinanciación empresarial
En el Impuesto de Sociedades, fuentes fiscales aseguran que el Ejecutivo quiere dejar de favorecer fiscalmente el endeudamiento financiero de las empresas, reduciendo los gastos deducibles por este concepto, y por el contrario incentivar a aquellas compañías que destinen parte de su capital a autofinanciarse en lugar de, por ejemplo, dedicar dicho capital al pago de dividendos.
IBI e impuesto de circulación
Respecto a otros tributos, el Gobierno baraja también subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Circulación, ambos en manos de los ayuntamientos, incrementos que se compensarían con rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) y en el Impuesto de Matriculación, con la idea de favorecer tanto la compra de viviendas como la de vehículos, bienes que están acusando mucho la crisis económica.
En cuanto al Impuesto sobre los depósitos bancarios, la idea del Ministerio de Hacienda es que el Estado fije el hecho imponible, para que sea igual en todas las comunidades autónomas, y el intervalo de tipos que puedan aplicarse, con la finalidad de que posteriormente cada una de ellas establezca el porcentaje que desee.
En materia de tributación del ahorro, el Gobierno quiere fomentar que los ciudadanos guarden parte de su renta o la inviertan en planes o fondos de pensiones, por lo que se introducirán nuevos incentivos al ahorro. Tampoco se descarta que se vayan a aprobar otros impuestos medioambientales, en línea con el impuesto que grava los gases fluorados que ya aprobó el Ejecutivo.
