El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado hoy que se está tramitando la prórroga del Fondo Social de Vivienda por un año más, hasta enero de 2016, al tiempo que se estudia extender el uso del mismo para cubrir "situaciones excepcionales".

Además, en respuesta en el Senado a una interpelación del socialista Juan Manuel Fernández Ortega para que el Gobierno mantenga la moratoria hipotecaria, De Guindos ha insistido en que estudia ampliar esta medida, que está en vigor hasta mayo de 2015.

Antes de eso, lo que sí se prolongará será la vida del Fondo Social de Vivienda puesto en marcha a principios de 2013 a iniciativa del Gobierno para dar respuesta a las familias que habían perdido su vivienda.

Dicho fondo estaba dotado con 6.000 viviendas, pero apenas se habían adjudicado unas 750 un año después de su puesta en marcha por la escasa publicidad del mismo y los requisitos para acceder a una de estas propiedades.

Hasta el momento, era necesario que una familia hubiera perdido su residencia habitual, tuviera unos ingresos mensuales inferiores a 1.600 euros y además debía cumplir alguno de los supuestos de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.

Esa norma estipulaba que podrían optar a un alquiler del fondo familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar.

También tenían derecho algunas víctimas de la violencia de género, deudores en paro y sin prestación por desempleo, entre otros.

Ahora, a pesar de que la situación económica ha mejorado, el titular de Economía ha anunciado que se abrirá la puerta para que "en casos excepcionales" una persona pueda acceder a una de estas viviendas.

Aún así, el senador socialista Juan Manuel Ortega ha querido recalcar que tanto ésta como otras medidas tomadas por el Gobierno sólo alcanzan a un 10 % de los afectados.

De Guindos ha subrayado que el actual Ejecutivo ha sido "el primero" en tomar medidas en febrero de 2012 para afrontar este problema y ha recordado que el 63,4 % de las hipotecas ejecutadas fueron firmadas entre 2005 y 2008.

En cualquier caso, ha declarado el ministro, "ya se han tomado las medidas necesarias para que esas malas concesiones de créditos hipotecarios no se vuelvan a dar".

Pero para el principal grupo de la oposición, el problema no reside en cuándo se firmaron las hipotecas sino en la crisis y en la destrucción de empleo que se dieron en los años siguientes, los detonantes de que muchas familias no pudieran hacer frente al pago de sus préstamos.

Para el Gobierno, sin embargo, lo importante es que ya se han flexibilizado los criterios para el acceso a la vivienda social, y que unas 26.000 familias han tenido ya una solución a su problema hipotecario, entre las cuales, 10.000 han reestructurado su deuda, y 3.000 se han podido acoger a la dación en pago.