El Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Supremo para reclamar el pago íntegro del Convenio de Carreteras después de que la Audiencia Nacional, en una sentencia del pasado 5 de diciembre, diera la razón al Estado y descartara obligarlo a abonar a las Islas los 207 millones para obras y expropiaciones establecidos en el acuerdo para el año 2012, en vez de los 68,54 millones que se presupuestaron.
La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia entiende que, pese a que la cuantía se modificó de forma unilateral por parte del Ministerio de Fomento, frente a todo convenio -se suscribió en 2009 por 9 años y un total de 1.930 millones- "prevalece una ley posterior, en este caso la de Presupuestos Generales del Estado" de 2012.
El recurso de Canarias se sustenta en que no sólo el recorte es desmesurado y desproporcionado en comparación con el resto de comunidades autónomas, sino que en años posteriores se ha consolidado -hasta los 628 millones en la legislatura- y lo ha hecho vulnerando REF, que obliga al Gobierno central a compensar el hecho insular en las cuentas generales de cada año.
De otra parte, al margen de que la decisión judicial estime ajustada a derecho o no la decisión estatal de prolongar la duración del convenio, con anualidades sustancialmente menores a las firmadas, desde la Administración autonómica se está estudiando la posibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales por actos del legislador. El Gobierno mantiene que las decisiones del Estado están produciendo un "quebranto económico" a la Comunidad "por las obligaciones contraídas con los contratistas, y generan además un sobrecoste sustancial en las obras de carreteras, por las revisiones de precios que se deben en exclusiva a la toma de decisiones del Estado".
