Los dos peritos que cuestionaron las cuentas de Bankia reconocieron ayer que pudieron cometer un error al cifrar en algo más de cuatro millones lo cobrado indebidamente por algunos exconsejeros de Bankia. La base de esa posible desviación estriba en no haber podido contar con los datos suficientes de los cargos que ocupaban en cada momento.

Así lo manifestaron en la Audiencia Nacional los técnicos independientes designados por el Banco de España para trabajar en el caso Bankia después de que el abogado de BFA haya explicado que presentaría un escrito detallado de todas las retribuciones y que no hubo simultaneidad en el desempeño de varios cargos, informaron fuentes presentes en la declaración.

En sus informes, los peritos detectaron irregularidades en el cobro de dietas por parte de tres consejeros -Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas-, que ya recibían un sueldo, lo que pudo suponer recibir de forma indebida 1,47 millones. Mientras, otros con dietas fueron compensados por asistir a otros consejos y tuvieron aportaciones a pensiones, lo que se traduciría en 2,84 millones más de lo que les correspondería.

Durante más de cinco horas de comparecencia ante el juez Fernando Andreu, los expertos explicaron que no contaban con el desglose mensual, por lo que pudieron equivocarse al realizar sus cálculos y haber introducido conceptos por duplicado.

Asimismo, otras fuentes jurídicas explicaron que los peritos reconocieron que a la hora de afirmar que los 13.244 millones en créditos que el equipo de José Ignacio Goirigolzarri pasó de normal a subestándar tenían que haber sido directamente dudosos, solo habían analizado algunos acreditados.

Y lo hicieron así porque, prosiguieron, la entidad no les proporcionó todos los expedientes, ya que ellos mismos, ante la tardanza de su primera respuesta, optaron por no requerírselos para no dilatar más en el tiempo su trabajo, por lo que decidieron extrapolar los datos de 37 de ellos a los 23.000 créditos totales. No obstante, fuentes de la entidad subrayaron que dieron "toda la información" que les solicitaron los peritos.

Esta cuestión generó un debate entre el letrado del FROB y los peritos, que el juez quiso zanjar afirmando que Bankia, en su condición de imputada, "puede colaborar o no, y en este caso no lo hizo", pese a que la entidad insiste en que ha cumplido todos los requerimientos del magistrado.

Por otra parte, los letrados del fondo de rescate español también quisieron saber las diferencias en los importes de los ajustes que calcularon sus peritos en cada uno de sus informes. A ello respondieron que no existe ninguna diferencia salvo temporal, ya que uno imputó esos ajustes en un periodo y el segundo en otro posterior pero que, en todo caso, no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

Para sustentar su afirmación, se remitieron a un acta del Consejo de Administración del 27 de junio de 2012 en la que José Ignacio Goirigolzarri subrayó que "se había producido una importante destrucción de valor por situaciones alejadas en el tiempo". También a las declaraciones que realizó el ex consejero delegado Francisco Verdú ante el juez, en las que señaló que el agujero de Bankia "se había producido en los últimos 12 años", en referencia a que aparecen problemas en operaciones concedidas en el pasado.