El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por los patronos de la Fundación CajaCanarias en 2012 contra la intervención administrativa del Gobierno de Canarias en el proceso de autorización para la transformación de la Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias) en una fundación de carácter especial por la desaparición sobrevenida de la entidad financiera, quedando disueltos todos sus órganos de gobierno a la vez que causaba su baja en el registro de entidades de crédito del Banco de España.

El litigio entre ambas partes, los patronos de aquel entonces con Álvaro Arvelo a la cabeza, y el Ejecutivo regional, radica en la discusión de si la entidad entregó a tiempo la documentación del expediente para la transformación en fundación especial de la entidad dentro del plazo de cinco meses que marca la ley y que, en este caso, expiraba el 3 de enero de 2013.

Para los patronos de entonces "todo se hizo escrupulosamente, con orden y rigor, en el plazo fijado por ley y tras haber consultado con el Gobierno de Canarias durante todo el proceso", aseguró ayer Álvaro Arvelo quien rehusó hacer valoración alguna del fallo "por respeto y consideración hacia las instancias judiciales". Álvaro Arvelo anunció que la sentencia "se recurrirá en casación al Tribunal Supremo.

El Gobierno de Canarias, en cambio, consideró que la entidad había entregado la documentación fuera del plazo legal y acordó en Consejo de Gobierno tutelar la transformación de CajaCanarias en fundación de carácter especial, nombrando luego una gestora que debía encargarse del proceso. El 27 de marzo de 2013, y mediante un decreto, el Ejecutivo regional daba por terminado el procedimiento de solicitud de la autorización para la transformación de la entidad en fundación. Los demandantes solicitaban al TSJC en este recurso que se anulara dicho decreto así como todos los actos administrativos realizados a posteriori, entre ellos, la resolución del expediente y las actuaciones de la gestora.

En el pleito, los demandantes consideran que el Gobierno, además, siguió un criterio distinto en este procedimiento respecto al que empleó con la Caja Insular de Ahorros ya que, en ese caso, decidió intervenir y nombrar una gestora pues los responsables de la citada entidad de Las Palmas no había iniciado el procedimiento de transformación, vencido el 3 de diciembre de 2012. Y aportan una prueba documental al respecto: un informe favorable de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre el expediente.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que considera que a partir del 3 de enero de 2013, "por imperativo legal", se produjo la transformación forzosa y la intervención del Protectorado con el objeto de nombrar una comisión gestora. Que no se ha impugnado el acuerdo del pleno del Protectorado de Fundaciones, que desestimóun primer recurso de los demandantes y, por lo tanto, no cabe ahora impugnar los actos administrativos posteriores, ni restituir al patronato elegido por la asamblea de CajaCanarias, ni autorizar la transformación, ni la obligación de inscribir la fundación en el registro.