El Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirán un coste de unos 600 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de venta (OPV) de 2011.
De esta cantidad, el Estado afrontaría unos 372 millones derivados de su participación del 100% en el holding BFA, que controla actualmente el 62,5% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad.
En total, se baraja una cifra tope de unos 600 millones de euros para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de los peritos del caso Bankia, siguiendo órdenes del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, detectaran irregularidades.
No obstante, ayer se conoció que el regulador bancario cuenta con un informe interno que, aunque no es oficial, rebate las principales conclusiones de los peritos. El documento considera que cometieron tres grandes errores: el primero hace alusión al "sesgo retrospectivo", según el cual los peritos consideran que algunas pérdidas futuras debían haberse previsto en el pasado, mientras que otro de los fallos detectados es no haber reconocido la existencia de provisiones genéricas por parte del grupo.
La tercera gran equivocación se refiere a la existencia de errores de valoración en los estados contables de las antiguas cajas, todos ellos cometidos con anterioridad a 2010, y que habrían tenido impacto en la matriz del grupo, pero no en Bankia.
