Siete de cada diez millones de euros de fraude fiscal detectados en Canarias el pasado año proceden de la importación de mercancías y de operaciones de compraventa. La intensificación de la inspección y el cruce de información realizado por Hacienda han posibilitado la clarificación de una importante bolsa de irregularidades en el pago del IGIC y del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM). Este trabajo ha aflorado 130 millones de euros en 2014, según los datos facilitados ayer en el Parlamento por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. A esta cantidad se suman 50 millones de euros más -el 30% del total- por fraude en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el de Sucesiones y Donaciones.
El director de la Agencia Tributaria Canaria, Alberto Génova, reconoció que el incremento en la detección de casos de fraude fiscal se debe al incremento del personal cualificado en Tributos y a las nuevas aplicaciones informáticas, que facilitan la tarea de cruzar información, un elemento indispensable para ser más eficaces en la inspección de las obligaciones tributarias.
Génova considera "aceptable" que hayan aflorado 180 millones de euros, 20 millones más que en 2013, cantidad que se puede incrementar en este ejercicio y en los próximos con la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Canaria, un órgano cuyo dos objetivos esenciales son precisamente incrementar la recaudación y luchar contra el fraude fiscal. El nuevo órgano autonómico tiene previsto incrementar el personal gracias a la subida de la tasa de reposición de las plantillas hasta el 50% y que el Estado considere la lucha contra el fraude como un sector prioritario. Además, se ha incrementado el número de trámites que se pueden realizar a través de internet y se ampliaron los recursos de la red de oficinas de atención al ciudadano.
Entre los casos que más se detectan de fraude figuran el falseamiento en la declaración de mercancías o el intento de ocultar operaciones de compra y venta. Son empresas y comercios las que acaparan este tipo de evasión.
Hacienda aplica cada año un plan de control y gestión tributario cuyos principales objetivos son, además de la represión, la prevención, el control en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento de las mismas a empresas y ciudadanos. Asimismo, se ha intensificado la colaboración con la Agencia Tributaria estatal, la Tesorería de la Seguridad Social y con el resto de las administraciones públicas.
En la comparecencia parlamentaria, González Ortiz también dijo, en respuesta al diputado del grupo Socialista Emilio Mayoral, que el mayor volumen de fraude fiscal puede que sea el que afecta a la Seguridad Social y comentó que hay estudios que en teoría estiman a cuánto asciende el fraude, pero ninguno puede cuantificarlo. Román Rodríguez, del grupo Mixto, opinó que el sistema fiscal es determinante para que haya Estado y reclamó que sea progresivo para que quien más tiene más pague, pero también que paguen todos los ciudadanos, y apuntó que el fraude fiscal en Canarias está en torno al 28% del Producto Interior Bruto.
