El proyecto de reglamento que regula las viviendas de uso turístico en Canarias puede poner en peligro la calidad de los distintos servicios turísticos así como crear un sistema de competencia desleal entre el alquiler vacacional y la actividad de los hoteles y apartamentos establecidos y legalizados que desincentiva el cumplimiento de la exigencia reglamentaria. Así lo asegura la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife.
Para la patronal tinerfeña, este reglamento "no normaliza ni establece criterios mínimos de calidad ni segmentos acordes a la imagen turística que Canarias tiene en el exterior". Según la CEOE, muchas de las viviendas que se ofertan como alquiler vacaciones "son de autoconstrucción, carecen de cédula de habitabilidad e incluso de licencia de primera ocupación", según indica en un comunicado.
Asimismo, considera que la regulación de esta actividad debe tener como fin aflorar la economía sumergida y desregulada que realizan los propietarios de muchas de las viviendas, "que ayudan a sostener el incremento de la presión fiscal de las empresas y familias que cumplen con sus deberes fiscales", por lo que para facilitar el trabajo de los inspectores exigen que este tipo de inmuebles lleven una placa identificativa en su exterior.
La CEOE mostró su preocupación por la flexibilidad del control normativo que, con esta propuesta de regulación, se realiza sobre la práctica del alquiler vacacional, muy diferente del "estricto" control que, según la patronal, existe sobre el sector de alojamiento turístico tanto hotelero como extrahotelero.
Otro de los puntos que los empresarios tinerfeños echan en falta es un estudio de los efectos que esta actividad pueda generar sobre el sector turístico, sobre todo por la entrada de un importante número de cámaras turísticas, "así como por el efecto llamada que podría suponer sobre el parque de viviendas vacías que existe en Canarias", apunta la nota.
También piden que este tipo de inmuebles se regulen fuera del ámbito turístico tradicional, además de solicitar que sólo puedan ser cedidas a un único usuario turístico y que no se pueda hacer un uso compartido del mismo ni tampoco se permita ceder o subcontratar.
Sobre la documentación requerida, la patronal señala que las instituciones deben solicitar una licencia de primera ocupación, exigir que se den de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el IGIC y en cualquier otra obligación que se le exige a cualquier otra empresa para regular su actividad económica.
La CEOE asegura que "llama poderosamente la atención" que se regule el alquiler vacacional mientras se mantiene "la existencia de una moratoria turística que ahoga la iniciativa empresarial siendo una de las partes más importantes del entramado burocrático y legal que soportan las empresas en este Archipiélago".
