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Entrevista. Profesora de Derecho Penal en la UV

Angeles Jareño: "Hay empresarios que corrompen para que no les quiten su negocio"

"Hace años nadie vigilaba el BOE, y lo cierto es que se indultaba la mayoría de delitos de corrupción" "Los partidos políticos tienen un deber de control de la ética personal de sus candidatos", explica la experta

Angeles Jareño: "Hay empresarios que corrompen para que no les quiten su negocio"

Angeles Jareño: "Hay empresarios que corrompen para que no les quiten su negocio"

¿Son los empresarios agentes cooperadores indispensables de la corrupción política?

No son indispensables, porque hay conductas castigadas penalmente en relación con la corrupción pública en las que no tiene por qué intervenir un empresario. Por ejemplo, se castiga penalmente la conducta del funcionario que se aprovecha del cargo para lucrarse a costa de la Administración: delito de negociaciones ilegales, de fraudes y exacciones ilegales, la prevaricación o la malversación. En realidad, la mayoría de delitos existentes en esta materia en el Código Penal están pensados para castigar al funcionario que se beneficia a sí mismo, con o sin ayuda de terceros, que no tienen por qué ser empresarios. Precisamente, se da la conducta del propio funcionario o cargo público que después de acceder al cargo constituye una pequeña empresa. Ahora bien, cuando analizamos las sentencias dictadas en los últimos años en esta materia comprobamos que en cierto número de casos pueden aparecer implicados en el delito algunos empresarios, especialmente por lo que se refiere al delito de cohecho, pago de comisiones, sobornos, que es precisamente el que está diseñado para castigar estos supuestos. Esta sería una primera modalidad de intervención de los empresarios, cuando acceden u ofrecen pagar determinadas comisiones por la adjudicación de un contrato público. La segunda clase de situación se produce en el marco de la financiación ilegal de los partidos, cuando no se trata tanto de que el funcionario se enriquezca sino de obtener fondos para el propio partido político. Aquí se trata más bien de supuestos de amiguismo o simpatía política,

¿De dónde surge la iniciativa: del empresario o del político?

Hay que distinguir situaciones diferentes. En el caso del delito de cohecho (sobornos o regalos para conseguir contratos u otros favores, presentes o futuros) la iniciativa puede surgir de cualquiera de las dos partes. Por lo que se refiere a la financiación ilegal, que por el momento es complicada de castigar con los preceptos existentes, en mi opinión se trata más bien de situaciones de amiguismo y proximidad política e ideológica, así que probablemente la iniciativa se produzca también indistintamente por ambas partes. Ahora bien, los implicados aquí tienen un perfil más definido: altos cargos públicos y empresarios de alto nivel económico.

¿Es suficientemente duro el Código Penal con el empresario corruptor?

El Código Penal es contundente. Recoge en el delito de cohecho el castigo para el empresario y el cargo público. En casi todos los delitos que castigan a los funcionarios y cargos públicos por corrupción contempla la participación del empresario y su castigo.

Un empresario puede decir que se ve obligado a corromper porque, si no, sus competidores, que sí lo harán, le quitarán el negocio, como dicen algunos ciclistas pillados en ropaje. ¿Qué opina?

Por desgracia, creo que algo hay de cierto en ello. Pero precisamente este tipo de conductas, que en determinados entornos son conocidas por todos, permanecen en una situación de invisibilidad en la mayor parte de los casos, porque no interesa denunciar a ninguna de las dos partes, pues ambas serán condenadas por el delito. Es cierto que el artículo 426 del Código Penal exime de pena al empresario que colabora con la Justicia, pero en la práctica no se aplica mucho, porque el empresario puede temer que si denuncia los hechos nunca más obtendrá un contrato con la Administración, así que muchas veces, sobre todo en el caso de empresas pequeñas, se trata de una cuestión de supervivencia laboral.

¿El poder va unido a la corrupción?

Creo que en bastante medida el hecho de corromperse tiene que ver con el aumento de las oportunidades que existen cuando se desempeña un alto cargo durante mucho tiempo, ya que puede adquirirse una cierta sensación de invulnerabilidad. Está demostrado que enquistarse en el poder acaba produciendo corrupción. Aunque también es cierto, tal y como se comprueba analizando las sentencias existentes, que hay casos en que el acto de corrupción se produce nada más llegar al poder: por ejemplo, al poco de acceder al cargo el alcalde, o el concejal, constituyen una empresa privada con el fin de obtener contratos de la Administración. Así que el deseo de obtener provecho de las arcas públicas a veces es algo ya premeditado. Por eso los partidos políticos tienen un deber de control de la ética personal de las personas a quienes colocan en cargos de responsabilidad.

¿Por qué la sociedad no reacciona? ¿Se tiende a disculpar las pillerías con el dinero público?

Hay un antes y un después de la crisis. En la época de la bonanza económica había una cierta indiferencia social que se reflejaba en una mayor indiferencia jurídica porque no se tenía conciencia de que el dinero público pertenece a todos.

¿Indiferencia jurídica?

El Derecho Penal va siempre detrás de las demanda sociales. Hace unos años, nadie vigilaba el BOE y lo cierto es que la mayoría de delitos de corrupción realizados por cargos públicos eran indultados por el Gobierno de turno. Había una costumbre política. Esto ha cambiado radicalmente. Ahora, el número de indultos es cero. Con la crisis, la sociedad se ha sensibilizado y ahora hay mucha vigilancia social. Es inimaginable conceder un indulto por uno de estos delitos. Cuando todo va bien, a una mayoría no le preocupa lo que se hace con el dinero público, mientras que en una situación de empobrecimiento general la indignación social es mayor ante el derroche del dinero público y la corrupción.

La promoción inmobiliaria es el emblema de la corrupción. ¿Hay otros sectores de la administración donde los empresarios se aprovechen también?

La mayor cifra de sentencias condenatorias se da en contra- tación pública y ligada o no al ur-banismo.

¿Qué hacer para evitar que los empresarios corrompan a los políticos?

Mientras la propia administración no evite la corrupción de sus funcionarios y altos cargos con sistemas mejores de control interno, por ejemplo en el ámbito de la contratación pública o el urbanismo, no se acabará con la corrupción. Pedir a los empresarios una ética laboral en su relación con la administración cuando algunos cargos púbicos no la están ofreciendo es difícil.

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