La Comisión Europea ha dado un ultimátum a las autonomías que, como Canarias, gravan con un impuesto específico a las grandes superficies para que, antes del 31 de marzo, lo eliminen o extiendan su aplicación a los establecimientos ahora exentos.
De lo contrario, abrirá una investigación que podría culminar en que el pequeño comercio tenga que pagarlo con carácter retroactivo por tratarse de una ayuda estatal incompatible con la regulación comunitaria.
Miembros de la Comisión Europea mantuvieron el martes en el Ministerio de Asuntos Exteriores un encuentro con representantes de las comunidades autónomas afectadas -Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias- para explicarles la situación y urgir al cambio, han informado hoy a Efe fuentes conocedoras de la reunión.
Estas tasas "medioambientales", de las que están exentas el pequeño comercio y ciertas tiendas especializadas, grava los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta ellos.
A finales de 2014, la Comisión Europea aclaró por escrito al Gobierno español que, tras un análisis preliminar, se planteaba considerar la exención concedida al pequeño comercio y a algunos establecimientos como "ayuda estatal incompatible".
Si tras un examen preliminar, la CE estima que una determinada medida constituye una ayuda estatal incompatible debe abrir una investigación y, en caso de que se confirmen sus sospechas, condenar al Estado a suprimirla o modificarla, así como a recuperar las bonificaciones percibidas.
Antes del encuentro de ayer en Madrid, la Comisión envió un segundo escrito al Ejecutivo en el que el organismo europeo señalaba que el equipo encargado del caso consideraba que exonerar a ciertos comercios de un impuesto sobre la superficie equivale a una concesión de ayuda estatal.
"Esas exenciones no han sido justificadas dentro de los objetivos medioambientales o de desarrollo urbano en los que encuentra su justificación el impuesto sobre la superficie", añade el escrito, al que ha tenido acceso Efe.
En el documento, la Comisión insiste en la importancia y urgencia de encontrar una solución y advierte de que de no encontrase de manera "inmediata", la única alternativa disponible será la de iniciar una investigación formal.
"Dada la información a nuestra disposición, lo más probable es que el resultado de nuestra investigación sea negativo, con la consecuente orden de recuperación para la ayuda concedida en el pasado", según la misma fuente.
