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Canarias encabeza el ranking de quienes no pueden pagar la hipoteca

El 1,21% de los créditos para vivienda firmados entre 2003 y 2013 caminaron hacia el embargo el año pasado

Canarias encabeza el ranking de quienes no pueden pagar la hipoteca

Canarias encabeza el ranking de quienes no pueden pagar la hipoteca

Canarias vuelve a aparecer en el primer puesto de una estadística de marcado carácter negativo. Al acabar 2014 fue la comunidad autónoma con mayor concentración de ejecuciones hipotecarias sobre el total de los préstamos para la compra de vivienda firmados entre 2003 y 2013. A ello contribuye de manera definitiva el recorte de la renta disponible de las familias isleñas por el tremendo impacto que la crisis ha tenido en el Archipiélago en forma de desempleo.

El 1,21% del total de hipotecas constituidas en el mencionado periodo de diez años en las Islas están ya en los juzgados por el reiterado impago de las cuotas. "Hay una relación directa entre tasa de desempleo, niveles de pobreza y ejecuciones hipotecarias", señaló ayer la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Isabel Saavedra. El 31,08% de la población activa del Archipiélago no tiene empleo, un porcentaje que solo supera Andalucía, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del final de 2014.

Datos objetivos

Para Saavedra, los datos son "totalmente objetivos", ya que para obtenerlos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acude al Registro de la Propiedad, que es el estamento al que se dirigen los bancos cuando deciden inscribir el inicio del proceso de embargo.

La letrada pide también distinguir entre ejecuciones y lanzamientos. Estos últimos son los dramáticos desahucios a los que se llega en último extremo después de un periodo de negociación entre el propietario y la entidad financiera acreedora. "Siempre al dictado del banco", matiza Isabel Saavedra, que recomienda a quienes están en esta situación informarse plenamente para poder prorrogar el máximo tiempo posible el momento del abandono de la vivienda.

A lo largo del pasado año, el número de hipotecas ejecutadas que pesan sobre fincas en el Archipiélago fue de 9.344, y de 119.442 en el conjunto del Estado. Del total de las Islas, 5.047 afectan a viviendas (70.078 en toda España), el cuarto mayor volumen del país, por encima incluso de comunidades autónomas que aventajan a las Islas en número de ciudadanos como Madrid. Del total canario, 2.037 pertenecen a personas físicas y las 3.010 restantes están a nombre de empresas. La tendencia es opuesta a la del conjunto del Estado, donde fueron mayoría -44.682- los procesos iniciados sobre viviendas propiedad de ciudadanos, que sobre aquellas inscritas a nombre de personas jurídicas, que ascendieron a 25.396.

Del último dato se desprende que, en las Islas, la inversión en ladrillo, tan extendida como lucrativa durante los primeros años del siglo, se ha tornado una rémora. Multitud de sociedades decidieron colocar en el sector inmobiliario buena parte de su capital y, tras el estallido de la burbuja, se encontraron con una gran cantidad de patrimonio en sus manos para el que no existía demanda de compra y graves problemas de liquidez que, en numerosos casos, provocaron las ejecuciones hipotecarias que ahora se contabilizan. También contribuyen a engordar la estadística las promociones inmobiliarias financiadas por entidades de crédito que quedaron a medio terminar.

Esta estadística la ofreció el pasado año el INE por vez primera, por lo que no existe la comparativa con ejercicios anteriores, salvo para el caso de las magnitudes de ámbito nacional. En cuanto a las viviendas, el incremento en comparación con el ejercicio anterior fue del 5,9%, porcentaje que crece hasta el 7,7% cuando la titularidad la ostentan ciudadanos particulares.

Isabel Saavedra señaló que la totalidad de estas ejecuciones son susceptibles de terminar en desahucios y calificó de "lavado de cara" la prolongación de la moratoria por dos años más para este tipo de prácticas decretada por el Consejo de Ministros hace ahora una semana.

A juicio de la PAH, resulta necesario que se establezca por ley que la entrega de la vivienda sirva para cancelar la deuda, la denominada como dación en pago, y evitar que familias sin ingresos se encuentren en la calle al tiempo que crecen sus deudas con el banco. "La segunda oportunidad no es aceptable", según Saavedra, ya que la posibilidad de renegociar la deuda parte del supuesto de contar con unas garantías de pago que en la mayoría de los casos no existen.

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