El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), máximo accionista de la intervenida Bankia, cifró la pasada semana en 780 millones de euros el importe máximo que, en el escenario más adverso, tendrá que desembolsar la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri para hacer frente a los desmanes de la salida a Bolsa capitaneada por sus predecesores, con Rodrigo Rato al frente. En opinión de los analistas, se queda corta si se tiene en cuenta que el 60% de la colocación de títulos se concentró en el tramo minorista -particulares-, con un volumen de 1.855,2 millones de euros.
Si bien la entidad mantiene que el sentido de las sentencias recibidas hasta el momento no tiene por qué mantenerse en el tiempo, lo cierto es que "la aparición sucesiva de nuevas informaciones y datos" sobre la salida a Bolsa "va dibujando con nitidez la existencia de un gigantesco engaño". Así se expresa Andrés Cabello, socio director de Pharum Capital, asesoría de inversión con sede en la capital grancanaria autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A eso suma "la indignación popular," y escándalos anejos como "las tarjetas opacas", para dibujar un panorama que dificulta pensar en un futuro en el que los jueces decidan alinearse con las tesis del banco. Es decir, poco podrá ahorrarse Bankia por esa vía.
Sobre el proceso de colocación en el tramo minorista, Cabello explica que resulta del todo lógico pensar que parte de quienes decidieron invertir en un primer momento ya se habrán deshecho de los títulos mediante su venta, lo que dificulta que las demandas que interpongan prosperen.
Tras el contrasplit y las ampliaciones de capital, la inversión, siempre minorista, de 1.855 millones de euros tiene hoy un valor de solo 6,4 millones de euros. "La pérdida asciende a 1.848 millones de euros", afirma Andrés Cabello. A dicha cantidad habría que sumar un 4% de intereses por cada uno de los cuatro años que han transcurrido hasta la fecha, lo que eleva la cantidad total hasta 2.114 millones de euros.
El máximo de 780 millones calculado por la entidad se aparta de dicho montante. Es de esperar que no todos los perjudicados reclamen de aquí a julio, si bien una sentencia condenatoria por parte de la Audiencia Nacional, supondría la existencia de una responsabilidad civil derivada de las acciones penales que se interpongan.
