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Bankia comienza a acumular en Canarias condenas por la venta de sus acciones

En julio expira el plazo para reclamar por las falsedades incluidas en el documento de salida a Bolsa

Bankia comienza a acumular en Canarias condenas por la venta de sus acciones

Bankia comienza a acumular en Canarias condenas por la venta de sus acciones

Han transcurrido ya más de tres años y medio desde que Bankia se estrenó en la Bolsa de Madrid y la entidad comienza a acumular sentencias que le obligan a devolver el dinero a los clientes a los que vendió acciones. Los juzgados de primera instancia, que al principio dieron la espalda a los pequeños inversores, han comenzado a variar sus decisiones desde que la Audiencia Provincial de Valencia decidiera dar la razón a uno de ellos en diciembre del pasado año.

Hasta la fecha constan cuatro sentencias condenatorias para la entidad en las Islas, tres en Las Palmas y una más en Santa Cruz de Tenerife, todas en primera instancia. Es solo la punta del iceberg, el comienzo de un peregrinaje por los tribunales que se adivina largo para el banco que alumbró La Caja de Canarias junto a otras seis instituciones de crédito: Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Segovia y Caixa Laietana.

Según los datos incluidos en la auditoría de la entidad, la colección de demandas civiles en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) en toda España ascendía al final de 2014 a 933. De ellas, 860 están aún en tramitación.

Los despachos de abogados se preparan para atender a partir de ahora una avalancha de demandantes. Principalmente porque en julio expira el plazo de cuatro años para reclamar por error en el consentimiento. "La argumentación en este caso se basa en lo que jurídicamente se denomina falsedad en la cosa", señala Pablo Pérez, socio del despacho R&P Abogados de la capital grancanaria. En este caso, para mayor exactitud, por falsedad en el folleto explicativo que el banco depositó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Más de 10.000 afectados

Asegura este letrado que en las últimas semanas ha crecido exponencialmente el número de ciudadanos que se ha dirigido a ellos. Se calcular que en las Islas el número de afectados supera los 10.000. Consumido el plazo de los cuatro años, "ya es un disparo al aire" el inicio de acciones judiciales, afirma Pérez. Entonces, la vía seguir para demostrar el daño será la del incumplimiento contractual y los abogados no se muestran "seguros de si los jueces van a entender" que esa circunstancia se produjo.

Es el momento para que los despachos hagan su agosto, si bien Pablo Pérez resalta que no es una cuestión que ellos hayan elegido: "No queríamos arriesgar el resultado de las acciones judiciales que iniciáramos", explica.

De manera prácticamente simultánea a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia se hacía público el informe de los peritos del Banco de España, que sostienen que se produjo un maquillaje contable de cara a la salida a Bolsa. Es decir, quienes decidieron invertir su dinero en los títulos de la entidad lo hicieron apoyados en un folleto que contenía falsedades.

Basta para ello recordar que el banco que entonces presidía Rodrigo Rato incluyó en ese documento unos números que elevaban los beneficios hasta los 309 millones de euros en el final de la primavera de 2011. Menos de un año después, se detectaba un agujero de 20.000 millones de euros por la mala contabilización de los activos de las entidades que dieron origen al banco.

Por muy cierto que resulte que los actuales rectores de la entidad no son los que estaban en ese periodo inicial, resulta meridiano que José Ignacio Goirigolzarri y su equipo van a tener que cargar con otra pesada losa. Esta, a diferencia de las tarjetas opacas, por ejemplo, no afecta a la imagen, sino directamente a los números del banco.

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