La batalla por el control de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias está servida. La representación grancanaria en el consejo de administración de la nueva entidad, constituida de la fusión de Sogapyme y su homóloga tinerfeña, Sogarte, con el sostén del Gobierno regional, ha decidido plantarse ante lo que consideran un enorme desequilibrio de poder en beneficio de Tenerife. Tras la reunión en la que Sogarte -con pérdidas en los últimos tres años- obtuvo la dirección sobre las cuentas equilibradas de la sociedad gran canaria, el Cabildo de Gran Canaria presentó su renuncia junto a la Cámara de Comercio y la Confederación Canaria de Empresarios. La administración insular estudia ahora la posibilidad de retirar los fondos invertidos, 600.000 euros, lo que provocaría una causa disolutoria si el Ejecutivo no asume el gasto.
El origen del cisma se encuentra en la elección de María Gracia Zamorano, representante de la tinerfeña Sogarte, como directora general de la nueva sociedad, además de contar ya con la presidencia y la secretaría bajo influencia de Tenerife. Según fuentes consultadas, la primera opción que baraja el Cabildo es dejar una puerta abierta a la conciliación. En este sentido, se informa de que ya ha habido un primer contacto con el fin de reconducir la situación hacia un escenario que implique un reparto equitativo de poderes. De no alcanzar un acuerdo, la salida de la administración insular se producirá definitivamente. Bajo este supuesto, el Cabildo estudia recuperar el capital invertido con una aportación de 600.000 euros, para la creación de una sociedad en la que el Gobierno regional ostenta el 46% del capital social ya que aportó 1,6 millones para evitar la disolución de Sogarte y Sogapyme. Si esto se produce, el Ejecutivo canario tendría que asumir, además, este nuevo gasto para evitar que la entidad entrara en una causa disolutoria. Pero, desde el Cabildo advierten que no se trata de una decisión cerrada, ya que no se descarta la opción de mantener la inversión si se garantiza un beneficio.
Por su parte el Gobierno regional rechazó ayer de plano las acusaciones realizadas desde Gran Canaria y denuncian la politización de una sociedad de carácter privado en busca de un desequilibrio regional. Arturo Cabrera, jefe de gabinete de la Consejería de Economía y Hacienda y la persona llamada a capitanear el proceso de fusión, recordó que la inversión les da derecho a cinco representantes y que renunciaron a uno, precisamente, en favor del equilibrio. "Ellos perdieron la votación para la dirección general, se levantaron y se fueron y esto no es serio", recalcó éste antes de destacar no haber visto esta actitud, "en toda mi carrera". Sin embargo, el único representante estrictamente político en el consejo de administración -ya que el resto de los cuatro representantes han sido elegidos entre empresarios- no quiso dar explicaciones sobre los criterios que apoyaron el nombramiento de Gracia Zamorano como la nueva directora general, por encima de la propuesta y resultados de gestión de David Nim, de la grancanaria Sogapyme. Además, se alega que Gracia Zamorano acumula pérdidas en 2011, 2012 y 2013, mientras que la propuesta grancanaria presenta beneficios. Arturo Cabrera se limitó a exponer que este nombramiento responde a criterios técnicos y que él se debe al secreto que rige la ley que, en este caso, regula las sociedades bancarias.
Acusaciones
Mientras, José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, responsabilizó directamente a Cabrera del desequilibrio en la sociedad. "Era tal el nivel de desequilibrio territorial provocado por Cabrera en su ignorancia sobre la gestión de este tipo de sociedades que provocó que no pudiéramos continuar en ella. Sus propuestas estaban fuera de lugar y antes de votar ya sabíamos lo que iba a pasar", acusó éste, antes de denunciar: "Arturo no fue neutral como gobierno. No nos dejaba ni hablar y nos ha obligado a irnos".
Por último, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, accionistas y uno de las entidades fundadoras de Sogapyme y que figura en la nueva sociedad en calidad de socio protector, se suma al listado de renuncias. "Me parece preocupante y peligroso permanecer en un lugar donde se ha politizado la acción frente a la gestión y donde no podemos controlar las consecuencias de las que luego sí seremos responsables jurídicamente", declaró la presidenta, María de la Salud Gil, antes de exponer: "defendemos la eficacia en la gestión porque esta sociedad tiene que cumplir con unos requisitos de eficacia, eficiencia y rigor y eso lo personifica el director general de Sogapyme, David Nim, que es quien lo ha hecho mejor y creemos que es lo que debe primar".
