Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Inalsa también recurre el decreto que acaba con los concursos eólicos

La sociedad pública afirma que la norma anula los fallos del TSJC que obligaron a revisar las adjudicaciones - Industria asegura que la iniciativa no tiene recorrido

Al decreto ideado por la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, para poner fin a los concursos como método para adjudicar potencia eólica le crecen los enanos. Primero fue el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el que envió un requerimiento conminándole a cambiarlo porque, a su juicio, invade competencias estatales y ahora es Inalsa, empresa pública lanzaroteña y adjudicataria de tres parques eólicos en dicha isla, la que ha presentado un incidente en ejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que supone una nueva amenaza contra la norma.

La particularidad en este caso es que en Inalsa pesa más que ninguna otra la voz del Cabildo lanzaroteño, cuyo presidente, Pedro San Ginés, pertenece a Coalición Canaria (CC), la misma formación que gobierna en las Islas en pacto con el Partido Socialista Canario (PSC), en el que milita Luengo. "El recurso es un tiro en el pie", afirman fuentes del sector eólico.

Inalsa quedó excluida en el primer fallo del concurso de 2008 y decidió defender sus intereses en los tribunales. El Cabildo, con la entonces presidenta Manuela Armas (PSC), entendió que la evaluación no se había desarrollado de manera justa. A finales de 2013 llegaron las primeras sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC otorgándole la razón, tras lo cual Luengo abordó de inmediato una nueva valoración que concluyó con esos tres parques para la mercantil pública lanzaroteña.

Nueva vía

La judicialización de los concursos -hubo recursos en todas las islas- fue la que llevó a la consejera de Industria a impulsar un decreto que consagra la simple autorización administrativa para poder instalar proyectos eólicos. La norma abre también un nuevo camino a los parques que quedaron excluidos con la nueva valoración, respetándoles la tramitación realizada hasta el momento de quedar fuera siempre que mantengan los acuerdos de cesión de parte del beneficio a los ayuntamientos en los que se ubican.

"Mediante la convalidación y conservación de los trámites anulados se coloca a los parques declarados nulos en la misma situación en la que se encontrarían de no haberse dictado la sentencia", explica el recurso presentado por Inalsa. Y más: "En definitiva, la disposición transitoria tercera [del decreto] produce el vaciamiento total del contenido de la sentencia y tiene como objetivo evidente y declarado impedir los efectos de la sentencia que declaraba nulos una serie de parques".

Mientras los proyectos que obtuvieron potencia eólica avanzaban su tramitación, los de Inalsa, rechazados, aguardaban la resolución judicial en un cajón. Ahora, los responsables de la empresa pública, que llevan solo un año visitando los despachos en busca de los necesarios permisos, temen que cuando puedan hacerse realidad sus parques no encuentren hueco para enchufarse a la red.

La directora general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, María Antonia Moreno, señaló que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma están analizando el recurso y avanzó que ya tienen claro que "no tiene ningún recorrido".

Ante el temor de no hallar modo de verter la energía de sus aerogeneradores en la red, Moreno detalló que los parques de la mercantil pública lanzaroteña evacuarán en la subestación de Callejones, aprobada el pasado año por el Ministerio y que aún se encuentra en tramitación.

Además, explicó que de los cuatro parques que quedaron fuera con la nueva evaluación y que podrían tomar la vía del decreto para cristalizar, dos se enchufarán a la subestación de Haría, distinta de la que recogerá la energía vertida por los molinos de Inalsa. Otro se conectará directamente a la red y el cuarto nunca se pondrá en marcha, porque afecta a uno de los proyectos que resultaron adjudicatarios de potencia eólica tras la nueva evaluación a la que obligaron las sentencias del TSJC. El decreto 6/2015 de 30 de enero, el que está en el origen de este recurso de Inalsa, no admite que continúen su camino los parques que decayeron en el caso de que supongan una "afección eólica" para otros.

Para mayor abundamiento en lo inexplicable que resulta el recurso de Inalsa en el departamento que dirige Francisca Luengo, Moreno asegura que la propia Red Eléctrica ha confirmado que estos parques eólicos de Inalsa no tendrán ningún problema para conectarse. "Desde el punto de vista técnico está claro que no hay más que decir", afirmó la directora general de Industria y Energía.

Otro de los temores que subyacen en el recurso auspiciado por el Cabildo de Lanzarote es el de, por haber comenzado la carrera más tarde contra su voluntad, tener todo preparado cuando ya otros hayan consumido el cupo total de 440 megavatios con derecho a la retribución específica de alrededor de 86 euros por cada megavatio hora generado.

Tampoco en este caso halla problema María Antonia Moreno, ya que "ninguno de los parques" de Lanzarote "cuenta con declaración de impacto ambiental (DIA)" positiva y, por tanto, tampoco con la autorización administrativa correspondiente. "Hay quien piensa que los parques eólicos públicos deben tener preferencia, pero la generación de energía, en virtud de lo que exigen las directivas europeas, está liberalizada", añadió la directora general, que también enfatizó que el decreto "está en vigor y se está aplicando". Es decir, ni este recurso ni el requerimiento presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo lo paralizan. Es más, según sus palabras, a través de esta norma aprobada en el primer mes de este año ya se tramitan "alrededor de una quincena" de nuevos parques eólicos.

A pesar de estas explicaciones, que Moreno asegura haber ofrecido a Inalsa antes de la interposición del recurso, la empresa afirma en el escrito remitido al TSJC que resulta "cierto e indubitado que el sistema de transporte y distribución es limitado y, en consecuencia, que la potencia que se puede verter a la red está limitada y claramente condicionada por razones técnicas".

Incluso, los letrados afirman que un sistema en el que el "número de autorizaciones se encuentre limitado, ya sea debido a la escasez de recursos naturales, ya sea consecuencia de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, requiere obligatoriamente de un procedimiento de concurso público, esto es, un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad, de transparencia y de concurrencia competitiva".

Lo cierto es que hasta la fecha los concursos no han servido para impulsar la entrada de energía eólica en el Archipiélago. El primero de ellos generó una supuesta trama de favores y acabó con el director general de Industria en prisión -después fue puesto en libertad-. Este segundo no ha servido para instalar en siete años ni uno de los 440 megavatios de potencia adjudicados en 2008.

Compartir el artículo

stats