Desde que la ventisca de la crisis heló las economías occidentales, el empleo se convirtió en uno de los principales campos de batalla política. Durante el último año y medio las cifras mejoran y, aunque resta aún por devolver al mercado laboral a legiones de ciudadanos, el debate comienza a desplazarse hacia la calidad de los puestos de trabajo. Hubo un tiempo no tan lejano en que la nómina mensual garantizaba una existencia digna, cosa que no ocurre ahora en todos los casos.
La legislatura que ahora expira se inauguró en julio de 2011, cuando los ataques a la deuda soberana amenazaban, no todavía con el vigor que llegaría a cobrar un año después, la solvencia misma de España. El país estrenaba además nuevos bancos que debían engullir los desmanes políticos cometidos en algunas cajas de ahorros. Terminaron por atragantarse sin remedio.
Resultado de ello fue el cierre prácticamente total del crédito, al que también contribuyeron la obligación de dotar los activos tóxicos -inmuebles y suelo principalmente- y el vencimiento de la deuda que las entidades financieras españolas mantenían con otros bancos internacionales a los que acudieron en busca de liquidez cuando el sistema era sinónimo de jauja.
Por debajo del 10%
Sin capacidad de financiación externa, las empresas comenzaron a reducir sus costes, lo que en muchas ocasiones se tradujo en reducciones de la masa laboral. Aunque hoy parezca una quimera, Canarias llegó a tener una tasa de paro inferior al 10% (hoy es del 30,81%). La última vez que ocurrió fue en el segundo trimestre de 2007, cuando solo 98.400 ciudadanos esperaban una oportunidad. Hoy los desempleados en el Archipiélago, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de este año, se elevan a 343.500, 22.000 más que en esos primeros días de julio de 2011 en que Paulino Rivero fue investido presidente por segunda vez consecutiva.
En buena parte ha contribuido a ello el recorte del empleo público, sector del que han salido 42.800 trabajadores en los últimos años. Mientras, la empresa privada canaria ha asumido a 41.900 empleados más de los que tenía en julio de 2011.
En un análisis benévolo para el Ejecutivo autónomo que ahora cuelga los aparejos de gobernar, es cierto que en estos cuatro últimos años el número de activos -personas en disposición de trabajar- en las Islas ha crecido en 21.100, con lo que el incremento real de parados no pasaría de 900. Lo que es lo mismo, esa es la cantidad de empleos que se han destruido en este periodo. Bajo el prisma de la oposición y, sobre todo, del de quienes buscan trabajo, la lectura no pasa de ser la aplicación de una capa de maquillaje sobre un grave problema.
De lo que no deja lugar a dudas la curva es de que la tasa de paro durante el segundo mandato de Rivero se inició al alza -con algún diente de sierra- y termina en franco descenso. Al arranque desesperanzador contribuyó en buena medida la reforma laboral ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los empresarios la saludaron sin dejar por ello de quejarse de la tardanza de su llegada mientras los sindicatos alertaron de la pérdida de derechos y convocaron dos huelgas generales en 2012 contra ella.
Como resultado, los trabajadores isleños afectados por despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada pasaron de los 5.714 del año 2011 a los 11.133 -un 94,8% más- cuando expiró el siguiente ejercicio. Ese fue el cénit, desde entonces la cifra decae.
La nueva norma encierra otros preceptos que provocaron que quienes se mantuvieron en sus puestos también vieran recortada su renta. La posibilidad de descuelgues unilaterales de los convenios permitió a los empresarios aplicar reducciones salariales exprés.
Si bien esta modalidad de recorte se extendió por todo el territorio nacional, no es menos cierto que en Canarias representa una lluvia sobre terreno empapado. La excesiva terciarización de la economía canaria provoca que prime la mano de obra escasamente cualificada, lo que determina que año tras año los trabajadores canarios aparezcan como los peor pagados del Estado. Esta circunstancia conlleva asimismo que también la cuantía de las pensiones se sitúe a la cola.
El nuevo marco para las relaciones laborales se deja sentir, además, en la caída del número de ciudadanos que trabajan a jornada completa, 26.500 menos en los últimos cuatro años, y, por contra, el crecimiento de aquellos que prestan servicio a tiempo parcial, 25.600 más. Por otra parte, y según el Ministerio de Empleo, en el pasado mes de abril se firmaron en el Archipiélago 53.718 contratos y solo el 11% no tienen fecha de caducidad.
