La ofensiva contra el fraude fiscal se intensifica por el Estado y por la Comunidad Autónoma. Las agencias tributarias -la canaria inició su andadura en enero- han estrechado su colaboración en las Islas para cruzarse datos e información sobre empresas, profesionales y contribuyentes con el fin de detectar las evasión de impuestos. Según los datos oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda, desde 2009 se han detectado cerca de 800 millones de euros de fraude en los impuestos que gestiona la Administración autonómica, una cifra que irá a más en los próximos años debido al significativo incremento de medios y personal que están experimentando los organismos tributarios.
En 2009 el fraude aflorado en las Islas se elevó a 121 millones de euros. En 2010 fueron 94 millones, 119 millones en 2011, en 2012 se detectaron 120 millones, 160 millones en 2013 y el año pasado se alcanzó la cifra récord de 180 millones de euros. En total 794 millones en los diferentes tributos propios o cedidos de la Comunidad Autónoma: IGIC, AIEM, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, tabaco, combustibles, alcohol y otros.
Sin embargo, una cosa es detectar y otra bien distinta que ese volumen de recaudación defraudada retorne a las arcas públicas. De hecho, el director de la Agencia Tributaria Canaria, Alberto Génova, admite que se utilizan todas las vías posibles para que esos fondos se puedan cobrar y, de hecho, hay deudas pendientes de ingresar de hace 10 años. Lo que intenta por todos los medios la Agencia Tributaria Canaria es que ese fraude no prescriba y, por eso, desde que se detecta se inician los procedimientos y apremios de cobro. Génova recuerda que una deuda tributaria prescribe a los cuatro años siempre y cuando Hacienda no haga nada o no detecte la infracción.
Reforzamiento
Desde que en 2013 se reforzaron los planes de lucha contra el fraude fiscal, se incrementaron las plantillas con personal de otros departamentos y se pagaron incentivos y horas extras, la detección de la evasión ha aumentado ostensiblemente a tenor de los datos de los dos últimos años. Y a partir de este año 2015 se espera incrementar y ser más riguroso en las inspecciones fiscales.
Después de las reticencias iniciales, las dos agencias tributarias han estrechado sus niveles de colaboración para cruzar información e intercambiarse datos tanto de personas físicas como jurídicas cuando se sospeche de casos de posible fraude fiscal. Ahora bien, cada agencia tiene su ámbito de competencias y la Hacienda estatal vigila sus impuestos propios, es decir, el IRPF y el Impuesto de Sociedades. En el caso de este último, la principal labor de los inspectores de la Agencia Tributaria se centra en la detección de incumplimientos por parte de las empresas y los profesionales que dotan la Reserva para Inversiones (RIC), incentivo fiscal que bonifica el Impuesto de Sociedades a las empresas que dediquen sus beneficios a invertir. Los pleitos judiciales entre los empresarios y Hacienda son numerosos en estos años.
Los planes de lucha contra el fraude fiscal son cada vez más rigurosos y exigentes contra la opacidad en las operaciones tributarias por el desplome de los ingresos públicos, lo que ha obligado a la Administración a esmerarse en perseguir a los que intentan defraudar a las arcas públicas y mejorar los niveles de recaudación. En este sentido, la Agencia Tributaria estatal ingresó en el primer trimestre 2.889 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 13,5%. Según los datos facilitados recientemente por el director general del organismo, Santiago Menéndez, desde 2012 Hacienda ha ingresado por este concepto un total de 37.674 millones de euros, una cifra que casi alcanza el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, que ronda los 40.000 millones de euros.
Sin embargo, el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, advierte que, pese a los anuncios de la Agencia Tributaria, "no han habido cambios significativos en la lucha contra el fraude fiscal" y que los planes que han anunciado sus directivos son "continuistas". La dinámica habitual de Hacienda, según Mollinedo, es que se marcan objetivos iniciales que normalmente son superados al final del ejercicio y los siguientes superan habitualmente a los del año precedente.
