El Fondo Monetario Internacional (FMI), a la vez que mejoró ayer su previsión de PIB para España -que situó en un alza del 3,1% para este año y del 2,5% para el que viene-, pidió al país que profundice en las reformas, incluida la laboral, con un mayor abaratamiento del despido, y reclamó también una subida de los impuestos especiales y del tipo superreducido de los indirectos para algunos bienes de primera necesidad, así como establecer mayores copagos en sanidad y educación.

El organismo sostuvo que para asegurar la recuperación y consolidarla son necesarias "reformas adicionales", y alertó de que una reversión de las ya aplicadas crearía "incertidumbre" y podría frenar la salida de la crisis. No obstante, el jefe de la misión del FMI para España, Helge Berger, calificó de "muy productivos" los contactos con todas las fuerzas políticas españolas con representación parlamentaria, incluidas Podemos y Ciudadanos.

El organismo reclamó a España que combata la dualidad del mercado de trabajo, para lo que propone reducir el coste de la indemnización por despido (acercando las de los trabajadores temporales y los indefinidos), y la introducción de un contrato único cuya indemnización se calcule en función de la antigüedad. El FMI también plantea aprovechar la mayor flexibilidad proporcionada por la reforma laboral de 2012 para ajustar salarios y horarios con el fin de fomentar el empleo en épocas de bonanza y protegerlo en las crisis. El organismo recomienda a su vez ligar el crecimiento salarial con la productividad y la competitividad externa.

El FMI aconseja el ajuste fiscal continuado, creíble y coordinado, para reducir las vulnerabilidades de la economía española ante potenciales sacudidas adversas. Para ello, recomendó elevar los impuestos especiales y tasas medioambientales, así como "gradualmente reducir los tratamientos preferentes en el IVA" -IGIC en Canarias-, lo que supondría elevar este impuesto en algunos productos ahora acogidas al tipo superreducido por ser considerados bienes de primera necesidad.

El organismo que dirige Christine Lagarde considera que las autonomías podrían generar ahorros fiscales adicionales reduciendo costes en los servicios sanitarios y de educación, para los que plantea la fórmula del copago con cargo a los usuarios. El portavoz adjunto del Gobierno, José Luis Ayllón, afirmó que el Ejecutivo no tiene previsto en este momento subir impuestos o implantar copagos en sanidad o educación como propone el FMI.