La primera de las cuatro jornadas de paros convocadas por los controladores aéreos para esta semana se saldó sin cancelaciones ni retrasos en los aeropuertos canarios. Los servicios mínimos decretados por Fomento -del 70%- fueron suficientes para minimizar el impacto. El sindicato convocante, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) anunció ayer que los impugnará por entender que "vulneran derechos fundamentales de los trabajadores".
Fuentes de los representantes de los trabajadores explicaron que el seguimiento del paro fue del cien por cien. Sin embargo, atribuyeron la nula incidencia a la decisión de Enaire, empresa encargada de la navegación aérea, de volcar en el personal no operativo -gestión, instrucción...- el 30% del total de trabajadores que pudieron ejercer su derecho a la huelga. De ese modo, el número de controladores propiamente dichos fue el mismo que el de una jornada sin paros.
En el Centro de Control de Canarias estaban llamados a trabajar 44 de los 64 operarios previstos para un día normal. En la traslación de las quejas de los trabajadores, ninguno de los 20 que faltaron desarrollan su labor frente a la pantalla.
Desde USCA detallaron que "aun respetando y cumpliendo a rajatabla la decisión de Fomento" estiman "necesaria la presentación de una impugnación". Del mismo modo, se mostraron dispuestos a retomar el diálogo con Enaire, "desde que suene el teléfono", de cara a desconvocar los paros previstos para los próximos miércoles, viernes y domingo; en las mismas horas que ayer.
La tónica de normalidad se extendió durante la jornada de este lunes por la totalidad de aeropuertos españoles. La propia ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó que la puntualidad fluctuó entre el 98% y el 100% y no hubo cancelación alguna, informa Efe.
La protesta promovida por el sindicato gremial responde a la decisión de Enaire de suspender de empleo y sueldo durante un mes a 61 integrantes de la plantilla del Centro de Control de Barcelona por los sucesos que acabaron con el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010 por parte del Gobierno español. Los representantes de los trabajadores no entienden la medida tras decidir varios juzgados que no incurrieron en un abandono de sus puestos durante ese día.
