Lejos de solucionar el limbo legal donde se encuentran las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, la actuación del Parlamento y el Gobierno canario en torno a la regulación de esta modalidad turística ha desatado nuevamente las incredulidad de los afectados. La paralización del decreto de viviendas vacacionales en la Cámara regional el pasado miércoles significa para la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) una vuelta atrás en un proceso que deja de nuevo a los propietarios en la ilegalidad de la que quieren salir, y que supone el freno a las licencias que se encuentran en tramitación en los cabildos insulares para comercializar legalmente las viviendas.
Esta asociación abogaba por que el decreto, aprobado in extremis dos días antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo, recogiera las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero que no que se paralizara y dejara otra vez a los propietarios sin una norma legal que los ampare.
Ascav interpuso una denuncia ante la Competencia el 29 de junio, al entender que el decreto vulenaraba la libre competencia y favorecía al sector hotelero y extrahotelero al impedir el alquiler de viviendas en suelo turístico. Además, la norma prohibió el bed and breakfast, el alquiler por habitaciones. Ambas cuestiones fueron objeto de críticas de la Comisión que daba la razón a Ascav. Lo curioso es que el anterior Gobierno las introdujo de este modo a última hora, rompiendo el consenso que se había alcanzado en torno al texto.
Pagar impuestos
Para Ascav, el actual Ejecutivo canario debería haber modificado el decreto con las puntualizaciones de la CNMC, pero no volver a la casilla de salida. Doris Borrego, presidenta de la Asociación, considera que ahora los casos de "viviendas que podrían haber entrado en la regulación quedarán paralizados. ¿Por qué no modifican directamente y no nos hacen perder tiempo?"; cuestiona.
Las familias que se dedican a esta modalidad quieren "pagar impuestos y quieren vivir en la legalidad", sostiene. Hasta que no se consensúe un nuevo decreto entre las partes afectadas -hoteleros y propietarios de viviendas- se frenan, no obstante, las sanciones, que podían rondar los 30.000 y 300.000 euros si se alquilaban casas incumpliendo esta regulación.
Las reivindicaciones de Ascav se ciñen "a las promesas" originales del Gobierno de Canarias, relativas a que el alquiler vacacional "pueda ejercerse en aquellas viviendas de uso residencial, independientemente de la zona en la que se encuentre", explica. De hecho, se calcula que el 90% de las 53.000 familias que tienen viviendas vacacionales, y que acogieron 1.300.000 clientes el año pasado, están en suelo turístico. Y lo que no es lógico es que en Teror se pueda alquilar una vivienda y en Maspalomas no, razonan desde Ascav.
Además, limitar el bed and breaksfast, el alquiler por habitaciones, supone ir contra de una tendencia en boga en Europa, indican. De hecho, la normativa catalana está en estudio porque excluye esta modalidad. Según la asociación, ahora los propietarios que tengan licencia pagarán el IGIC, al 7%, y los que no se han regularizado tendrán que abonar impuestos a través del IRPF. Por ello, querían la modificación de ambas cuestiones y no la paralización de un decreto que tan solo lleva cuatro meses en vigor. Pero los hoteleros, sobre todo la patronal tinerfeña, no están acuerdo con los cambios de la norma.
Esta situación no sólo se da en Canarias. La normativa varía dependiendo de donde se viva. Desde la modificación del Gobierno central de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas vacacionales, las autonomías tratan de establecer las normativas para legislar este incipiente mercado que busca salir de la alegalidad. ¿El resultado? Una coctelera de leyes que permite o prohíbe arrendar apartamentos separados por unos kilómetros. Algunas comunidades, como Valencia o Galicia, permiten el alquiler de viviendas por días, pero ponen como requisito que los dueños acudan a un registro y cumplan unas condiciones. Otras, como Madrid, han impuesto un mínimo de cinco noches seguidas de alquiler.
