Canarias es la segunda comunidad autónoma en tasa de desempleo, con un 28,6% de paro, por detrás únicamente de Andalucía (31,7 %), pero es también una de las de mayor índice de empleo sumergido, es decir, trabajadores contratados de forma irregular, o simplemente sin contrato de ningún tipo, y por los que las cotizaciones empresariales ante la Seguridad Social y Hacienda o no se corresponden con la realidad, o son claramente fraudulentas. Así consta en los informes oficiales de la Seguridad Social, donde se refleja que las inspecciones laborales del 2014 hicieron aflorar en las Islas un total de 4.627 empleos, de ellos 74 extranjeros sin permiso de trabajo, y el resto (4.553) trabajadores que no estaban dados de alta.
En los datos de empleo aflorados en Canarias constan tanto las altas de oficio en la Seguridad Social tramitadas directamente por la Inspección laboral, como las altas gestionadas por las propias empresas como consecuencia de las inspecciones llevadas a cabo previamente. El número de empleos aflorados en las Islas consecuencia de la inspección laboral refleja claramente que el programa puesto en marcha en 2012 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para tratar de reducir esta práctica está teniendo éxito en el Archipiélago, ya que la cifra creció en 2014 en 638 empleos fraudulentos detectados, prácticamente un 16 % (15,9%, exactamente) respecto al año anterior, en el que se produjeron 3.989 casos.
El plan del Ministerio consistía en poner en marcha un programa especial para intensificar las inspecciones con el objetivo de incrementar el afloramiento de empleo sumergido, pero también generar más ingresos en el sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones. En Canarias, este plan parece estar logrando esos objetivos a la vista de los datos. En el conjunto del Estado, el número de empleos regularizados por este sistema ascendió en 2014 a 82.393, cifra respecto a la cual el empleo fraudulento detectado en las Islas significó ese año el 5,6 %. Un año antes, en el 2013, los 3.989 empleos aflorados en el Archipiélago suponían el 5 % del total de 79.483 de todo el Estado. Es decir, ha crecido en más de medio punto respecto al fraude detectado en el conjunto de las comunidades autónomas. Frente al crecimiento del 15,9 % de empleo aflorado en las Islas en 2014, en el conjunto del Estado es del 3,6 %. Ello significa que las inspecciones tienen más éxito, pero también que es así porque hay más empleo irregular.
Según los registros de la inspección laboral, la hostelería es el sector donde más trabajadores no declarados se detectan, un 33% del total de las regularizaciones realizadas. Las inspecciones se han focalizado en estos dos últimos años del plan en los denominados "servicios extraordinarios de restauración" que afectan especialmente a eventos como bodas, celebraciones sociales o reuniones profesionales, en los que suele ser frecuente la contratación extraordinaria de trabajadores ajenos a la empresa.
Por detrás de la hostelería, el comercio, los servicios profesionales y la construcción son los otros sectores con mayores porcentajes de contratación irregular.
En el Archipiélago se produjeron durante el año pasado un total de 24.635 actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concentradas en la economía irregular, que detectaron 2.660 infracciones con una propuesta de sanción de algo más de 9 millones de euros . En el 2013, la actuaciones en esta ámbito alcanzaron las 24.018, con 2.916 infracciones y propuestas de sanción por valor de 9,1 millones euros. Por provincias, los controles en Las Palmas elevó a 2.047 el número de empleos emergidos, casi 500 menos de los 2.580 que se detectaron en Santa Cruz de Tenerife. En 2013, afloraron 1.916 empleos en la provincia oriental y 2.073 en la occidental.
Estos datos del Informe anual de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social son complementados en estos momentos por la consejería de Empleo, Política Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias con algunas cifras ya correspondientes a 2015, según los cuales las inspecciones habrían detectado hasta 3.888 contratos irregulares. La responsable del departamento, a su vez vicepresidenta de Canarias, Patricia Hernández, quiere impulsar un plan de choque complementario al del Ministerio contra la explotación laboral, del que dio cuenta el pasado viernes en el Parlamento de Canarias, para que se efectúen en las Islas al menos 1.600 inspecciones específicas, para cuyo fin se contratarán 40 nuevos inspectores.
Según la propuesta de la Consejería, el año próximo se prevén casi 25.000 inspecciones de vigilancia sobre contrataciones, condiciones de trabajo, discriminación por razón de género, medidas de igualdad, acoso sexual, seguridad social o empleos irregulares en economía sumergida.
