El Gobierno canario intentará resolver en una ley específica el nuevo contencioso judicial abierto con las empresas por la moratoria turística. Intenta buscar así una fórmula que resulte lo menos gravosa posible a las arcas de la Comunidad Autónoma, es decir que les evite afrontar las indemnizaciones a las que se enfrenta después de que el Tribunal Supremo fallara a finales de octubre en cinco sentencias a favor del Grupo Lopesan. Hay otros 45 recursos en espera de sentencia y la previsión es que la decisión de los magistrados sea la misma: el Ejecutivo debe dar trámite a las reclamaciones y resolver si les corresponde compensaciones por el bloqueo de los proyectos que tenían en perspectiva, la mayoría en Gran Canaria y Fuerteventura. Las sentencias de Supremo son firmes, no cabe recurso, con lo que Gobierno se ve obligado buscar una solución urgente de acuerdo con los empresarios.
Los grupos que respaldan al Ejecutivo, CC y PSOE, habían presentado una enmienda al articulado de la ley de presupuestos de 2016 que se debate a finales de mes para hacer frente a esta situación pero finalmente la retiraron ante las dudas que se habían suscitado ya que, en caso de posibles indemnizaciones, se tendrían que vincular a los ingresos y gastos de la Comunidad Autónoma.
Tras varias consultas jurídicas y un debate interno entre los grupos políticos, se ha decidido que sea el Gobierno el que proponga una ley puntual que se llevará al Parlamento en enero en un pleno que podría ser extraordinario para debatir este asunto. El proyecto de ley, que deberá impulsar la consejería de Política Territorial que dirige Nieves Lady Barreto, irá a la Cámara previo dictamen del Consejo Consultivo para que no haya dudas jurídicas.
El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, advierte que "un tema de esta naturaleza requiere de las máximas garantías jurídicas porque son muchos recursos los que se han presentado y por eso le hemos pedido al Gobierno que elabore una ley y la envíe al Parlamento para buscar una fórmula de negociación con los intereses privados".
Ruano confirma que el texto de la Ley de Medidas Urgentes de 2009 al que hacen referencia las empresas que recurrieron a los tribunales se derogó por la Ley de Renovación Turística de 2013 pero que, no obstante, es ahora cuando el Tribunal Supremo ratifica el silencio administrativo positivo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta situación le da a los recurrentes el derecho a que se produzca la reclasificación de los suelos que eran inicialmente urbanos con clasificación turística a rústicos de protección especial y la derivación en hipotéticas indemnizaciones posteriores.
El dirigente nacionalista recuerda que el objetivo de este artículo cuando se redactó fue el de buscar una solución al aluvión de indemnizaciones que dictaminó el TSJC en contra de la Comunidad Autónoma por la Ley de Directrices de 2003. Sin embargo, en 2010 empezaron a llegar las sentencias del Supremo que tumbaron los fallos del TSJC y dieron la razón al Gobierno, lo que salvó a las arcas públicas de tener que pagar indemnizaciones millonarias a las empresas que se sintieron perjudicadas por la moratoria.
En este nuevo frente judicial abierto ahora el Ejecutivo también busca una solución que sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas ya que las primeros cinco sentencias del Supremo eleva a 104 millones de euros las indemnizaciones a las que tendrían derecho las empresas recurrentes, mientras la suma de todas las reclamaciones pendientes eleva esta cantidad hasta los 650 millones de euros.
Así las cosas, nacionalistas y socialistas consideran que la ley de presupuestos autonómicos no es la más idónea para resolver este tipo de litigios porque se pueden ver afectados los ingresos y gastos. Según Ruano, "este asunto requiere un tratamiento que sea suficientemente meditado porque la jurisprudencia advierte que la articulación del texto de la ley presupuestaria tiene que estar vinculada a las cuentas y de lo que hablamos es de establecer condiciones para que la Administración defienda los intereses públicos en un contexto en el que hay derechos privados afectados".
"Ahora hay que buscar como se redacta una respuesta que articule el interés público con los derechos preexistentes de los titulares de suelo urbano con clasificación turística", añade el portavoz nacionalista.
El también secretario de Organización de CC no prejuzga lo que decida el Gobierno para responder a las peticiones empresariales y a los argumentos judiciales, será cuando llegue la ley al Parlamento cuando se debatirá por los grupos y se planteará la posibilidad de presentar enmiendas. La previsión es que sea una ley corta y que se debata por el procedimiento abreviado y de lectura única.
Argumentos de la enmienda
La enmienda presentada inicialmente a la ley de presupuestos y ahora retirada recoge uno de los argumentos utilizados por el Gobierno anterior para desbancar las pretensiones empresariales de la primera moratoria. A la hora de valorar la indemnización, el texto recoge que se hará "teniendo en cuenta los derechos urbanísticos consolidados (incluyendo la urbanización efectiva del suelo) de que sea titular el solicitante". Asimismo, se establece que en cualquier caso el silencio administrativo será siempre desestimatorio tanto en el procedimiento para la reclasificación del suelo como en el pago de la indemnización a que hubiese lugar. En este último caso se da seis meses de plazo para la resolución de la Administración.
