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La asociación canaria de renovables exige mejoras para el autoconsumo

Rodríguez de Azero lamenta los problemas creados a los agricultores que desalan mediante energía eólica - Madrid recopila información antes de adoptar medidas

Enrique Rodríguez de Azero

Enrique Rodríguez de Azero

"Ya advertimos que este decreto de autoconsumo no nos gusta", señaló ayer el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, sobre el problema que la nueva normativa crea en la desalación de agua para la agricultura mediante energía eólica. Según fuentes consultadas, el Gobierno central recopilará toda la información sobre la imposibilidad de que las instalaciones para regar el campo canario continúen como hasta el momento y adoptará cambios en el caso de que lo estime oportuno.

El cien por cien del pepino producido en Gran Canaria, el 70% del plátano y el 50% del tomate quedarán fuera de los precios de mercado en opinión de los empresarios del sector. El decreto 900/2015 aprobado el pasado 10 de octubre les da seis meses para que tengan en sus aerogeneradores la misma potencia, como máximo, de la que han contratado en la red.

Hasta el momento, la normativa les ponía como limite único el de verter en el sistema un máximo del 50% de la energía generada en sus molinos. Como quiera que el viento no sopla durante todas las horas del año, colocaron aerogeneradores con el doble de potencia de la que les surte una empresa eléctrica. De ese modo, lograban hacer competitivas sus producciones, amortizaban las instalaciones de energías limpias y, además, ahorraban al sistema eléctrico toda la energía que gestaban por sí mismos sin tener que recurrir a la quema de hidrocarburos para alimentar los motores de sus desaladoras.

Según explicaron varios de ellos, la nueva normativa les obliga a partir la empresa en dos, lo que les repercute unos gastos en infraestructuras que afirman son inasumibles. A ellos se une la circunstancia de que una de esas dos empresas se dedicará al vertido de energía en la red y la otra a demandar megavatios hora producidos mediante la quema de petróleo, con lo que se acaban las mejoras para la calidad del aire y el abaratamiento para el sistema eléctrico.

Rodríguez de Azero explicó que es necesario que se contemplen "estas singularidades" en el ampliamente discutido decreto sobre autoconsumo. "No tiene sentido tener que crear dos empresas ni convertirte en generador", señaló sobre el nuevo marco al que tendrán que adaptarse los productores agrícolas que decidan no tirar la toalla. Sobre todo, insiste, si se quiere "ahorrar" desde la propia Administración; la generación con energía eólica supone tan solo la tercera parte del coste de los megavatios hora nacidos con tecnología convencional, esto es, la que utiliza derivados del petróleo.

Hasta la fecha no se han producido contactos con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria. La celebración de las elecciones generales y la espera por "saber quiénes son los nuevos interlocutores", relató Rodríguez de Azero en torno a la conformación de un nuevo Gobierno central, les han llevado a postergar la toma de contacto. "Tendremos que hacerlo en cuanto pasen estas fiestas navideñas", explicó. Sobre todo a la vista de que la existencia de un nuevo Ejecutivo de España amenaza con convertirse en una cuestión que se solventará en un plazo no excesivamente breve.

De lo que no duda ACER es de que el real decreto sobre autoconsumo "es mejorable". La amplia contestación que ha tenido la regulación diseñada por Madrid se ha traducido en un nuevo capítulo de la judicialización que han sufrido las reformas del sector eléctrico desarrolladas durante la pasada legislatura.

El impuesto al sol, del que el Archipiélago ha quedado exento hasta 2019, es una de las principales quejas vertidas por las organizaciones de energías renovables y consumidores. Destacan el agravio que, a su juicio, padecen frente a quienes simplemente consumen la energía que les brinda la red. Además, los agricultores que tienen aerogeneradores asociados a la desalación del agua con la que riegan sus campos afirman que la excepción para las Islas durante tres años les genera problemas de financiación, ya que las entidades bancarias no les prestan sin poder determinar cuál será su estructura de gastos cuando llegue el año 2019.

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