El decreto sobre autoconsumo energético aprobado por el Gobierno central en octubre impacta de lleno en el riego del campo canario. Las instalaciones de desalación de agua marina alimentadas con energía eólica quedarán en abril al margen de la ley y las empresas afectadas alertan de que el incremento de costes será inasumible para ellas y provocarán un encarecimiento del sistema eléctrico que pagan todos los españoles.
"Nos destroza por completo", afirma Juan Lozano, apoderado de Soslaires Canarias. Según sus palabras, el real decreto (99/2015) impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo duplica los costes energéticos de la agricultura y eso provoca que el plátano, el tomate o el pepino adquieran unos precios finales que los dejan fuera del mercado.
Para todos los afectados, se trata de un cambio de reglas a mitad de partida que lleva a cero el valor de la buena mano que hasta la fecha jugaban. La norma anterior establecía el límite de verter a la red un máximo del 50% de la energía gestada en sus aerogeneradores. Es decir, si regados sus campos con agua desalada aún sobraban kilovatios hora, podían vender estos al sistema, pero nunca superar la mitad de los generados por más que el viento se empeñara en soplar. Si alguno sentía la tentación de desviarse más allá de alimentar la tierra, ya estaba atado en corto. La legislación les mantenía en el rol de ahorradores y les alejaba de la posibilidad de convertirse en generadores.
La queja del presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, contra el decreto de autoconsumo aprobado en octubre discurre precisamente por ese razonamiento, pero en sentido contrario: "Nos contempla como generadores y no como ahorradores". Es decir, les presupone a priori un interés espurio al que ya ponía coto la norma anterior.
Con el agravante de que el legislador ha colocado fuera de norma proyectos que, como señala el responsable técnico de Agragua, Samuel Ruiz, "cuentan con financiación hasta del propio IDAE", el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía dependiente del ministerio que dirige José Manuel Soria. Se les consideró "ejemplos de éxito", según Martell, y ahora se les somete a la erradicación.
La nueva norma detalla que "la suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción [los molinos] será igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor". Algo que no cumple ninguna instalación de desalación de agua para el riego alimentada con energía eólica.
La razonabilidad técnica les lleva a tener en los aerogeneradores el doble de la potencia contratada, por la simple razón de que mientras la red siempre está dispuesta, el viento, sin embargo, no sopla durante las 24 horas de los 365 días del año. Es el único camino para amortizar las inversiones que acometieron y en las que ninguno hurtó un euro. "Tenemos lo último en ahorro energético, lo más eficiente posible", recalca el responsable del Área Eólica y Desalación de Juliano Bonny Gómez, SL, Fernando Ojeda, quien señala que esta modalidad de obtención de agua "vino a garantizar la pervivencia de los cultivos", hasta ese momento "carentes de agua de calidad".
Según cálculos de los propios afectados, el 100% del pepino que se exporta desde Gran Canaria depende de la desalación alimentada con energía eólica. La proporción en el caso del plátano llega al 70% y al 50% en el del tomate. "Los costes energéticos se duplican", avanza Juan Lozano, lo que acaba con el negocio. Al menos él asegura que su empresa no puede asumir los 1,2 millones de euros que costará adaptarse al decreto de autoconsumo y menos, si luego los productos agrícolas van a tener un precio que nadie va a pagar por ellos.
Los productores tienen seis meses para rebajar la potencia de sus molinos hasta igualar la que tienen contratada. Los que no lo hagan así quedarán "fuera de la ley" el 10 de abril, advierte el presidente de Aeolican. Desde octubre, sus departamentos técnicos y contables hacen cuentas para hallar una solución.
A juicio de Martell, el propio legislador "se dio cuenta de la tontería" y dejó abierta la puerta a una "salida honrosa", afirmación no exenta de ironía. Tendrán que partir la empresa en dos para no superar los valores. De ese modo, "una compra energía y la otra la vende". Claro, que eso "acaba con el autoconsumo" y consiguientemente con los beneficios para el sistema eléctrico; por cada euro de consumo en las Islas, el Estado subvenciona tres con los impuestos de todos. "Ahora esperamos a los momentos en que hay viento para desalar agua, pero después nos dará igual porque no habrá ningún ahorro", explica Martell.
