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Canarias debe 3.640 millones por los créditos estatales de los últimos años

Se baraja condonar parte de la deuda hasta tener un nuevo sistema de financiación - La comunidad pagará en 2016 los primeros 219 millones del Fondo de Liquidez y tiene hasta 2025 para amortizarlos por completo

Canarias debe 3.640 millones por los créditos estatales de los últimos años

Empieza la cuenta atrás para que las comunidades autónomas empiecen a devolver los préstamos que les ha otorgado el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en los años de las restricciones presupuestarias para poder hacer frente a los pagos urgentes, a los gastos más inaplazables o al vencimiento de deuda de entidades financieras. Canarias tiene pendiente la devolución de los más de 3.620 millones de euros que ha recibido de las arcas estatales desde 2012 para garantizar su viabilidad financiera en los años más duros de la crisis a través de los distintos mecanismos creados por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Fondo de Pago a Proveedores, y posteriormente el Fondo de Facilidad Financiera (FFF). La comunidad tiene diez años para devolver estas cantidades, aunque se ha abierto un debate político de fondo entre algunas comunidades y el propio Estado sobre la posibilidad que, al menos parte de ella, pudiera condonarse a las regiones que peor paradas han salido en el actual sistema de financiación autonómica.

Canarias se estrenó en 2012, el año en que se crearon los fondos de ayuda a las comunidades para garantizar su liquidez cuando los ingresos tributarios estaban bajo mínimos, asumiendo préstamos estatales por valor de 1.100 millones. En 2013 se acogió de nuevo a estos mecanismos hasta completar una deuda de 698 millones, y en 2014, otra de 737 millones. Finalmente, el año pasado el Gobierno canario decidió no acogerse al FLA y sí adherirse al FFF, de nueva creación, con un préstamo de 1.000 millones.

Este nuevo fondo, reservado para las regiones que cumplieron con los objetivos de déficit y deuda pública, como es el caso canario, suponía para las Islas un ahorro de 133 millones respecto a las condiciones de financiación al obtener el préstamo al cero por ciento de interés no sólo el primer año, límite establecido para el FLA, sino también los dos años siguientes.

El vencimiento de todos estos préstamos se inicia este año con un primera obligación para Canarias de 226,8 millones, de ellos 218,9 correspondientes al FLA y 7,8 al de pago a proveedores, mientras que en 2017, la deuda a amortizar es de casi 3.313 millones. A partir del año siguiente, 2018, el plan de devolución se establece en 451,6 millones anuales hasta 2023; de ellos 320,4 millones correspondientes al FLA, 120,7 al FFF, y 10,4 al plan de pago a proveedores.

La carga se reduce algo en 2024 hasta completar un pago de 227 millones y se finaliza la devolución de esta deuda en 2015 con los últimos 125,7 millones. El conjunto de esta deuda de 3.640 millones supone algo más de la mitad del total que actualmente soporta la comunidad autónoma, que cerró 2015 con una carga de 6.530 millones, el 15,5% del PIB, y manteniéndose entre las regiones menos endeudadas.

En este marco, Canarias ha acogido con cautela la propuesta realizada por los gobiernos de Andalucía y Comunidad Valenciana de condonar parte de estos préstamos públicos, en concreto los referidos al FLA, a la regiones que hubiesen recibido una financiación inferior a la media por habitante del conjunto del Estado. El Archipiélago cifra su déficit de financiación anual respecto a la media estatal en 800 millones y sería, por tanto, una de las que teóricamente se beneficiaría de esta propuesta. De aplicarse en los términos señalados por andaluces y valencianos, Canarias se beneficiaría de los 218,9 millones que debe devolver este año por el préstamo para asegurar la liquidez.

Con todo, los responsables de la Consejería de Hacienda se muestran cautos ante la posibilidad de que esta alternativa pueda llegar a poner en riesgo la reforma del actual sistema de reparto de fondos entre las distintas regiones. El director general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno regional, Javier Armas, afirma que no ha "recibido ninguna información ni propuesta" por parte del ministerio ni ningún representante autonómico, y que para evaluar cualquier alternativa deberá conocerse previamente "de qué se está hablando".

Sí reconoce que desde hace meses hay establecido un debate de fondo sobre cómo compensar a las comunidades con peor financiación si la reforma se retrasa por la actual situación política, pendiente de formar un nuevo gobierno, y por las dificultades que puedan surgir a la hora de pactar un nuevo modelo. "Se puede estar viendo el alcance de la medida", señala Armas.

Desde Canarias se sospecha que hay fuerzas políticas o dirigentes territoriales con capacidad de influencia en las actuales negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno central que pueden estar hablando del futuro sistema de financiación y que Canarias debe estar vigilante a ese respecto. "No rechazamos la condonación de parte del FLA como compensación a nuestra peor financiación, pero eso no puede sustituir la necesaria y urgente reforma del actual sistema de financiación", insiste Armas.

"Puede aceptarse como medida transitoria hasta que se pacte un nuevo modelo y siempre que su aplicación sea equitativa, pero no como moneda de cambio", resalta el representante de la consejería.

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