El segundo informe del Catpe sobre la competitividad del turismo echa abajo la tesis del anterior Gobierno canario sobre la rehabilitación como única fórmula para generar empleo en el sector. El texto descalifica el informe que realizó el Ejecutivo para evaluar la aplicación de la Ley de Renovación y Modernización Turística y niega que el proceso puesto en marcha para la renovación y los incentivos ideados hayan servido para crear empleo o para impulsar modernizaciones de complejos, que se hubieran hecho de todas formas con o sin ley.
Según los datos recogidos por el estudio, la evolución del empleo durante los últimos años ha mostrado que la rehabilitación no produce los volúmenes masivos anunciados por el Ejecutivo. Asimismo considera "demagogia" la utilización de la cifra de 135.494 empleos que asocia el Gobierno a la rehabilitación por la "subjetividad" de los componentes que se utilizan.
No quedan en mejor lugar los incentivos ofrecidos por la Administración a los empresarios para rehabilitar los alojamientos y que fueron reformados en varias ocasiones para ser más efectivos. Sin embargo, los componentes del think tank consideran que estos incentivos han fracasado en su objetivo inicial porque no se ajustaban a las demandas y necesidades de las empresas turísticas. Por eso se pide tanto la derogación de la inversión mínima por plaza renovada como su vinculación a una categoría mínima para rehabilitar.
Presentación
El informe del Catpe fue presentado ayer en el Gabinete Literario con representantes de diferentes instituciones públicas como el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Asimismo asistieron dirigentes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Cámara de Comercio de Gran Canaria, empresarios y otros representantes del sector turístico.
El presidente del laboratorio de ideas, Ángel Ferrera, aseguró que en el sector turístico "no hay nada que regular" sino todo lo contrario, es decir, reducir carga legislativa y trámites "engorrosos". Advirtió que en la actualidad la moratoria turística está en un "punto muerto" y remarcó que en modo alguno se va a ocupar más suelo del que está ya clasificado.
Ferrera mostró su esperanza en que en esta legislatura se puedan corregir los "errores" cometidos en los últimos 15 años "que son muy importantes". "Son los clientes los que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, el turismo debe moverse en la libre competencia y con las reglas del mercado", añadió.
El coordinar del informe, Antonio Garzón, explicó que este segundo documento propone 20 medidas añadidas a las 22 que se propusieron en el primer texto, presentado en 2014. Despúes de más de una década de restricciones al crecimiento turístico, considera que el principal sector de la economía de las Islas se ha alejado de los "criterios" de una economía de mercado.
Los expertos que presentaron los cuatro bloques del texto fueron Rafael Molina Petit, director territorial del Instituto de Comercio Exterior (Icex); Nicolás Villalobos, director general del grupo Cordial; Pilar López, directora de recursos humanos en Labranda Hotels & Resorts, y David Morales, director del Hotel Lopesan Costa Meloneras.
