Oxígeno para los exportadores de productos hortofrutícolas de Canarias. Tres años y cuatro meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les obligara a devolver 11,8 millones de euros de las ayudas al transporte cobradas en la campaña 2002-2003, el Tribunal Supremo niega la existencia del fraude que sancionó la Delegación del Gobierno central en las Islas -animada por el Ministerio de Fomento- en 2011 y afea a la Administración central por su desconocimiento del sobrecoste que soportan los productores canarios con respecto a sus competidores en el continente.
La plataforma de defensa del tomate respiraba ayer aliviada, pero no podía evitar "una sensación agridulce", en palabras de su portavoz, Gustavo Rodríguez. De ese modo se refería al daño causado a un sector ya maltrecho de por sí y que mantiene litigios abiertos tanto con el Gobierno central como con el canario por las ayudas adicionales del Posei que les adeudan. Cuando se planteó el recurso, existían 950 productores agrupados en unas 40 empresas, hoy apenas llegan a los 300, repartidos entre quince sociedades.
Contra la sentencia de 2012
El fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso de casación que interpuso la Federación de Productores y Exportadores de Productos Hortofrutícolas de la Provincia de Las Palmas (Fedex), contra el fallo que emitió el TSJC en su contra en noviembre de 2012.
Los productores tuvieron que desembolsar cerca de cinco millones de euros y negociar con Hacienda pagos anuales de un millón de euros hasta completar la cantidad: 8.305.896,66 euros de las ayudas y 3.507.079,53 euros más correspondientes a los intereses.
La iniciativa judicial, dirigida por Jorge Gutiérrez, director de la oficina de PwC Tax & Legal Services en Canarias, atacó la forma y el fondo de la resolución de la Delegación del Gobierno que dio inicio al pleito. "No cabe recurso", detalló el letrado sobre la imposibilidad de que la Administración central intente alargar el proceso por medio de alguna vía especial. Además, su despacho estudia la posibilidad de demandar al Gobierno central por "responsabilidad patrimonial", en alusión al quebranto que su decisión supuso para las empresas.
El Alto Tribunal basa su decisión de manera principal en el hecho de que la resolución de la Delegación del Gobierno se limitó a sospechar que los productores hortofrutícolas inflaban los fletes del transporte marítimo para poder cobrar ayudas más cuantiosas. Por ello decidió recalcular las cantidades "acudiendo a los costes de otras compañías independientes", lo que el Supremo considera que "no es conforme a derecho".
Entre los argumentos de su recurso, Fedex aseguraba que la suposición de que estaba cobrando ayudas muy superiores al coste real del transporte, además de no ser cierta, obviaba cuestiones tales como la necesidad de contar con buques provistos de refrigerador y la esencia misma del problema que supone estar a casi 2.000 kilómetros del continente europeo. Jorge Gutiérrez afirmó que desde el primer momento Fedex intentó explicar a Madrid el funcionamiento de la operativa, pero "no quisieron entender nada".
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, interpretó la sentencia como una "buena noticia", ya que supondrá la reactivación de un "sector que ha sufrido mucho", según recogió Efe. Lo cierto es que no es este el único problema al que se enfrentan los tomateros. Además de los mencionados impagos de parte de las ayudas adicionales del Posei, tampoco están cobrando las ayudas del 70% al transporte, en gran parte engullidas por los recortes.
"Es una noticia positiva para el sector, que se ha demostrado que tenía razón, a pesar de que les hayan mirado con lupa durante tanto tiempo por si habían cometido una ilegalidad, y al final se demuestra que no ha sido así", agregó el consejero Quintero.
