La lucha contra el cambio climático se ha convertido en un objetivo global de todos los países para las próximas décadas pero también en una oportunidad de negocio para las empresas. El volumen de fondos que se pondrán sobre la mesa alcanza los 100.000 millones de dólares al año, con los cuales las sociedades podrán trabajar en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, desarrollar tecnología más limpia, incrementar la innovación, crear puestos de trabajo en la llamada economía verde o potenciar las energías renovables. Tanto las administraciones públicas como los sectores económicos de Canarias están implicados también en este proceso que fue ratificado en los acuerdos de París por 195 países.
El director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PricewaterhouseCoopers (PwC), Pablo Bascones, subrayó ayer que las empresas y corporaciones se ven cada vez más presionadas por la sociedad y por la Administración pública para que desarrollen acciones que reduzcan la huella del carbono en sus procesos productivos. De hecho, según Bascones, los inversores demandan ya de aquellas empresas donde van a depositar sus fondos no sólo garantías y solvencia, sino también más transparencia en sus gestiones contra el cambio climático.
Bascones intervino ayer en el Foro LA PROVINCIA con la conferencia Hacia una economía baja en carbono, tras la cual se produjo un coloquio en el que intervinieron, además de director de PwC, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto; el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Andrés Calvo, y el director de Ingeniería de la empresa Japan Tobacco International (JTI), Juan Pedro Monteverde.
El representante de la consultora internacional estableció como pautas para las empresas la necesidad de calcular su huella de carbono, valorar los riesgos y establecer medidas a medio y largo plazo para reducirla mediante una implicación desde la dirección a los empleados en toda la cadena de producción.
Pero también las administraciones públicas tienen sus deberes en este proceso, que pasan por establecer un marco regulatorio estable, eliminar las trabas administrativas, impulsar la innovación y la tecnología y establecer políticas fiscales como herramienta de apoyo. Pero sin duda el elemento más importante para Bascones es la colaboración público-privada, con el fin de que tanto los gobiernos como las empresas se sienta implicados y se puedan conseguir los objetivos a los que se han comprometido los países en París y que no es otro que impedir que la temperatura global aumente en dos grados centígrados en las próximas décadas porque lo contrario sería "catastrófico" para la población y para la economía. Estos objetivos serán revisables cada cinco años.
