Mario Conde, expresidente de Banesto, ha presentado las escrituras de cuatro fincas en Fuerteventura, propiedad de dos personas que actúan como fiadoras y que las tasan en 610.818 euros, como aval para cubrir la fianza que la Audiencia Nacional le ha exigido si quiere salir de prisión en libertad provisional en el marco de una causa por blanqueo de 13,06 millones.

Según han informado fuentes juríricas, las fincas del aval se sitúan en Corralejo y pertenecen a dos amigos de Conde: el vicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Jaime Alonso García, y su hermano y vocal en la organización, José Ángel. La Fiscalía Anticorrupción deberá validar si el aval hipotecario presentado el martes por la defensa del exbanquero cubre la fianza de 300.000 euros impuesta, después de que el juez Santiago Pedraz haya dado traslado de dicha garantía.

La fiscal Elena Lorente valorará si esas fincas resultan suficientes, para lo que podrá solicitar una tasación oficial de los inmuebles majoreros antes de remitir una respuesta definitiva al magistrado instructor de la operación Fénix. Aunque la tasación inicial de estas fincas resulte aparentemente muy superior a la fianza impuesta por el titular del juzgado de Instrucción número 1, la práctica exige que los bienes inmuebles depositados como aval tengan un valor de algo más del doble de lo exigido.

De ahí que el futuro de Mario Conde, en la prisión madrileña de Soto del Real desde el 13 de abril dependa de un eventual informe positivo de Anticorrupción y, finalmente, de la decisión del juez Pedraz. De incumplir el requisito, el expresidente de Banesto tendría que esperar a quedar en libertad, como sucedió con el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, que sólo salió de prisión una vez abonada en efectivo la cuantía no satisfecha por el aval que presentó.

Aún no han trascendido detalles sobre la decisión de Anticorrupción, aunque Lorente ya se opuso a la excarcelación de Conde en mayo durante la vista ante la sección tercera de la sala de lo Penal. Entonces, la sala acordó mantener en Soto del Real tanto al exbanquero como a su abogado, Francisco Javier de la Vega, al considerar que existía riesgo "razonado y razonable" de fuga y obstaculización al devenir de una investigación sobre la que no pesa secreto de sumario.

Una decisión revocada por el juez Pedraz, que el martes reconsideró la situación personal del empresario como ya hiciera apenas días antes con De la Vega, previa fianza de 100.000 euros. Conde deberá personarse semanalmente ante la Audiencia Nacional u otro juzgado que tenga conocimiento de una causa en la que están siendo investigadas más de una docena de personas del entorno íntimo del empresario, entre ellas su hija Alejandra, considerada coartífice de una trama criminal trasnacional.

Además, el exbanquero deberá facilitar un teléfono móvil para estar localizable las 24 horas, tampoco podrá abandonar España, cuestión por la que el instructor ha acordado la retirada del pasaporte, cautelares que ya cumplen otros implicados como el propio hijo del jurista, Mario. A todos ellos se les atribuye pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales así como el presunto blanqueo de más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust por los que Conde fue condenado en los noventa y que no satisfizo íntegramente.