Solo 17 de los 41 parques aprobados en el concurso eólico de 2007 cuentan con posibilidades de montarse. Son los únicos gestados en dicha convocatoria que aparecen en la lista de proyectos publicada esta misma semana por la Dirección General de Política Energética y Minas. La inservibilidad del sistema de reparto, felizmente superado, queda de manifiesto por la inexistencia en el listado definitivo de parques en La Palma y La Gomera, islas que sumaban cuatro, dos cada una, en las resoluciones del Gobierno de Canarias.
"Resulta llamativo que esas dos islas no vayan a contar con parques, al menos en breve", lamentó ayer el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell. Las inversiones aprobadas por el departamento dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendrán que estar materializadas y los aerogeneradores girando antes de que finalice el año 2018. Solo de esa manera podrán acceder a la retribución específica para las Islas, de alrededor de 86 euros por megavatio hora.
El Archipiélago logró cubrir 436,30 de los 440 megavatios autorizados por Madrid. Un éxito cuantitativo que en ningún modo supone el final de la partida. Precisamente porque restan menos de dos años y medio para cumplimentar los trámites administrativos que autoricen todas las subestaciones de Red Eléctrica de España (REE) y construir estas, que resultan imprescindibles para que los parques viertan la energía al tendido.
De ese establecimiento de plazos parte una de las quejas principales del sector, que no halla explicación a que un ahorro energético objetivo -generar con renovables en las Islas reduce el coste hasta casi una tercera parte- quede seriamente comprometido por el cumplimiento de unos tiempos que no responden a criterios lógicos.
Además, todavía colean los efectos nocivos del concurso de 2007. Al principio de mayo, nueve años después de que se abriera la convocatoria, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la resolución definitiva del certamen para la isla de Gran Canaria. El motivo es que las empresas que no resultaron agraciadas judicializaron el proceso. Los tribunales les dieron la razón y hubo que repetir la evaluación.
Eso motivó que hace dos meses entraran nuevos parques y salieran otros que desde 2008 venían cumplimentando el engorroso proceso burocrático. Se trata de proyectos que incluso han sido inscritos en el cupo por el ministerio y que ahora han quedado apartados. Para hacer la situación aún más rocambolesca, los que resultaron adjudicatarios tras volver a examinar los parámetros decidieron renunciar a la potencia. Es decir, se caen parques que estaban en situación de prácticamente comenzar a generar y entran otros que no tienen ninguna intención de hacerlo.
Ahora, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias tendrá que volver a rellenar el hueco y completar así la totalidad de los megavatios que la convocatoria de 2007 ponía en juego.
Afecciones aeroportuarias
La certeza de que habrá parques que a pesar de haber llegado a tiempo para inscribirse en el cupo que da derecho a la retribución específica canaria nunca se montarán viene dada porque entre ellos se cuentan los que AENA entiende que interfieren con la seguridad del aeropuerto de Gran Canaria. Es el caso, por ejemplo, de los llamados La Vereda II y 60 Fanegadas, que suman 36,1 megavatios de potencia.
A ellos se unen otros dos denominados Porís de Abona y sitos en la localidad tinerfeña de Arico, que ya ha expresado su oposición a la instalación de los aerogeneradores por entender que condicionan el desarrollo de un proyecto turístico que el municipio tiene en cartera. En este caso, la discusión interadministrativa está servida, dado que dichos parques eólicos han sido declarados de interés general por el Gobierno de Canarias.
En cualquier caso, el fin de los concursos ha desatascado en parte el desarrollo de las renovables en las Islas, que, no obstante, tendrá que superar aún todos estos obstáculos para materializarse.
