El informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Rato destaca la existencia de "abrumadoras pruebas" que acreditan que el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI cometió supuestamente blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, administración desleal y fraude a Hacienda en sus negocios privados. Sin embargo, el expresidente de Bankia considera que las conductas que se le atribuyen tras las pesquisas no se corresponden con delitos y señala una "interpretación maliciosa" de los hechos.

La detención de Rato y los registros en su casa y su despacho aportaron cuantiosa información a la Guardia Civil que se sumó a los informes de la Agencia Tributaria y la documentación oficial. En el informe final de la UCO remitido al juzgado que investiga el caso se desataca que Rato utilizó a Bankia, entidad que en esos momentos presidía, para introducir a una empresa de su trama (Aedifica Grupo) en la construcción del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. En esa época Bankia había concedido al club un crédito de casi 350 millones de euros. La UCO considera que la conducta del exministro podría ser constitutiva de un presunto delito de administración desleal.

Además, el informe destaca que Rato ocultó sus intereses en el banco de inversiones Lazard. La UCO le atribuye la comisión de un presunto delito de corrupción entre particulares porque siendo presidente de Bankia esta entidad contrató a Lazard para labores de asesoría externa, con lo que registró "un importante aumento de la facturación" a Bankia que se inició con un primer contrato de 2,3 millones de euros.

La UCO también hace mención a los trabajos de asesoría que Rato realizó para Telefónica y aprecia delitos fiscales ya que los servicios se facturaron a nombre de un empresa, Kradonara, y no a su nombre, con lo que se ahorró cientos de euros en el pago de impuestos.

Rato, en un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, replicó que su caso es "una inquisición general" basada en hipótesis. Alega que las conductas que se le atribuyen no son delictivas sino una "interpretación maliciosa" de pruebas, como el contrato suscrito con Lazard.