El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2016, con un presupuesto total de 5.265 millones de euros aportados por el Estado, un 8% más (477 millones) que el año anterior. De esta cantidad, hasta 1.800 millones de euros se destinarán a las comunidades autónomas, un 16,6% por encima de la dotación de 2015. Se trata de un programa con el que se financian actividades de formación, incentivos a la contratación y otras políticas semejantes.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, indicó que el plan, que ya fue acordado con la comunidades autónomas en conferencia sectorial el pasado mes de abril, es "el gran instrumento de activación para el empleo del Gobierno en el ámbito de trabajo conjunto con las comunidades autónomas". No obstante, Báñez aclaró que aún está pendiente de aprobación el reparto de fondos entre las distintas regiones, cuestión que abordará cuando reciba los preceptivos informes por parte del Ministerio de Hacienda.

Entre las principales líneas de actuación se encuentran el lograr incrementar el empleo entre los jóvenes, favorecer la inserción laboral de los colectivos que lo tienen más difícil, como es el caso de los parados de larga duración; la formación para el empleo de los parados, la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, y el impulso del emprendimiento.

El reparto de parte de los fondos entre las comunidades autónomas se viene realizado desde 2013 en función de los objetivos alcanzados en el año anterior. La parte asignada por esta vía hace tres años fue el 40% del total de los recursos, mientras que en 2016 será el 70%.

Tras conocer la noticia, el sindicato UGT denunció que el PAPE para 2016 no tiene en cuenta los "graves problemas estructurales" del mercado laboral, que suponen un peligro para la pérdida de cohesión de la sociedad española. El sindicato incidió en que el plan parte de un diagnóstico del mercado laboral que ensalza los buenos resultados de la creación de empleo y lamentó que no se consideren problemas tan graves como la elevada tasa de paro, la precariedad, la temporalidad o la devaluación salarial.

La organización sindical explicó que el PAPE es uno de los principales instrumentos para la ejecución de las políticas activas de empleo en España, por lo que debería basarse en la programación, evaluación y financiación de dichas políticas y no ser una "mera recopilación" de los programas que desarrollan las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, criticó que el método de evaluación de resultados sea igual al usado en los dos planes anteriores, con un sistema de indicadores de "difícil interpretación" que dificulta conocer la realidad, lo que, en su opinión, convierte al plan en una "simple herramienta" de distribución de fondos.