Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y junto a Rodrigo Rato el principal de los 65 encausados en el juicio de las tarjetas black, dejó ver ayer, al ser interrogado por el fiscal y por su abogado, con qué argumentos principales intenta evitar los seis años de cárcel que la acusación pide para él: que las tarjetas no fueron creación suya, sino de su antecesor (Jaime Terceiro); que formaban parte del sueldo y que si no fueron declaradas a Hacienda sería por culpa del departamento fiscal o de otro de la Caja.

El exbanquero abrió ayer las declaraciones de los acusados en el juicio por el escándalo sobre los 12 millones de gastos personales que consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia cargaron a las entidades bajo la presidencia primero de Blesa y luego de Rodrigo Rato. El primero expuso durante las dos horas de interrogatorio que las tarjetas habían sido creadas en su día para "dignificar" el salario de los consejeros y compensar su dedicación.

"En todas las organizaciones el esfuerzo y la dedicación se compensa con una retribución", dijo. Blesa llegó a ganar tres millones al año en Caja Madrid y con sus black gastóde forma directa 436.680 euros entre 2003 y 2010, aunque se le reclama una indemnización que abarca la cantidad completa que gastaron sus consejeros y altos cargos durante su mandato, 9,3 millones.

En línea con lo que también Rato argumentó durante la fase de instrucción, Blesa defendió que las tarjetas formaban parte de la remuneración salarial y que por ello su beneficiarios tenían libre disposición sobre ellas.

El expresidente de Caja Madrid trató así de negar que se tratara de tarjetas de empresa para gastos de representación utilizadas de manera fraudulenta. Negó también que las tarjetas se hubieran emitido fuera del circuito normal para mantenerlas ocultas. "Cómo en 23 años hay alguien que pueda decir que se puede esconder esta práctica en una organización de miles de personas", respondió. Y remarcó en otro momento que Hacienda y el Banco de España "pusieron alguna pega al concepto de gasto ni a la forma de contabilización", a una modalidad de retribución que, según su criterio, era conocida dentro y fuera de la entidad. Alegó también que "todo el mundo" daba por hecho que esa "remuneración" era declarada fiscalmente por Caja Madrid.

Miguel Blesa reconoció en otro momento de su declaración que era él quien fijaba los límites de las tarjetas: "Las actualizaciones las decido yo y las comunico para que se tome nota para el control de ese gasto". Se refería a que aumentó el tope porque "la Caja no era la misma en 1988, en 1996 y en 2000. En 1996 el balance era de 30.000 millones de euros, y en 2009 de 200.000".

"Tuve siempre la plena convicción de que estaba actuando legítimamente y estaba basado en un principio de confianza en la institución. No me plantee la ilegitimidad de nada de lo que estaba ocurriendo ya que para ello había unos servicios que podían haberme advertido", sostuvo a preguntas de su abogado.