La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destituyó ayer al director del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia de Las Palmas, Jorge Hernando, al que se investiga por un posible fraude, según confirmó la Delegación del Gobierno en Canarias. Hernando negó ayer las informaciones aparecidas y confirmó que iniciará acciones judiciales.

En concreto, se investiga si Hernando participó en un engaño para conseguir que su pareja obtuviera unas prestaciones por desempleo e incapacidad a las que presumiblemente no tenía derecho, según adelantó el domingo el diario digital CanariasAhora.com. El aludido sostiene que ese hecho nunca se produjo, si bien entiende la decisión de la ministra Báñez. "Se trata de puestos de libre designación y si aparece algo así en los medios de comunicación es lógico", comentó sobre su cese.

Las posibles irregularidades fueron descubiertas por la Inspección de Trabajo, según explicó el mencionado diario digital. Dicho departamento habría detectado que la pareja del ya ex director provincial del INSS en Las Palmas fue contratada en una empresa de hostelería perteneciente a una subordinada y amiga de Hernando, con un salario cuyas bases de cotización duplicaban e, incluso, triplicaban algunos meses a las del resto de empleados. Cuatro meses después de la contratación, causó baja por un accidente ocurrido fuera del centro de trabajo y consiguió una prestación por incapacidad temporal.

Jorge Hernando aseguró que ha desempeñado su cargo sin cometer "ninguna irregularidad", por lo que se limitó a tildar las informaciones de "inveraces y falsas", por lo que llevará el caso a los tribunales para que sean estos los que se pronuncien. Siempre según Canarias Ahora, la Inspección de Trabajo ya ha recabado indicios de que puede tratarse de una contratación ficticia, que responde a unas funciones que la supuesta empleada no desempeñaba y en la que el director del INSS, su pareja, asumía el pago de las cotizaciones sociales.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Canarias confirmó a LA PROVINCIA / DLP que existe una investigación abierta por esos hechos contra Jorge Hernando y esa es la causa por la que el ministerio ha considerado oportuno relevarle de sus funciones.

Una inspección realizada a Ecume 6.6 , empresa de hostelería que tiene por socia de referencia a Barrionuevo, reconocida amiga de Hernando, destapó el engaño. CanariasAhora detalla que a través de esa sociedad familiar, Barrionuevo contrató y simuló una relación laboral con María Atala, mujer del destituido director provincial del instituto. Este habría participado activamente en el fraude asumiendo los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social de su pareja a través de cuatro ingresos que sumaron 7.400 euros en cuentas corrientes que están a nombre de su compañera de trabajo.

Alonso habría sido contratada en enero de 2014 con un salario muy superior al recogido en el convenio de hostelería y al del resto de sus compañeros. Su despido llegó el 23 de mayo, una semana después de sufrir un accidente fuera del centro de trabajo. El tiempo de duración del contrato le permitió cobrar el paro dos meses más y el fin de la relación contractual le llegó justo un día después de reconocérsela la situación de incapacidad temporal, lo que le supuso cobrar otros casi 20.000 euros.

La sospechas de la Inspección de Trabajo se dispararon al comprobar que no había denuncia por parte de una empleada despedida sin mediar aviso y, además, mientras se encontraba de baja laboral. Por ello, según CanariasAhora la investigación concluyó que la mujer del ya ex director provincial del INSS en Las Palmas fingió una relación laboral con la empresa de la compañera y amiga de su marido.

Las pesquisas permitieron demostrar que María Atala, que ya tenía antecedentes por otro caso de fraude laboral, no acudía todos los días al centro de trabajo y cuando lo hacía permanecía solo unas horas. También que sus altas percepciones no se correspondían con ningún puesto de responsabilidad que las explicara.

El diario digital señala que el destituido director provincial pagó la fianza de un crédito de 45.000 euros que había solicitado Barrionuevo para financiar el negocio y le había asesorado, en calidad de abogado, sobre las condiciones de alquiler del local. Para justificar estas relaciones, ambos aseguraron durante la investigación que se habían prestado dinero entre ellos. El caso está en manos de la Fiscalía.